Un análisis de Marsh Chile, en línea con las alertas del Global Risks Report 2026 sobre un entorno de crisis en cadena, identifica la sobrecarga laboral, los daños a terceros, daños en activos operativos, siniestros de equipos móviles y continuidad administrativa como los principales riesgos para los contratistas y proveedores mineros a 2030.
La minería moderna es una industria altamente tercerizada, una parte significativa de su continuidad operacional depende hoy de empresas contratistas y proveedores. Y ese ecosistema enfrenta un entorno cada vez más exigente y volátil de cara a 2030, de acuerdo con Marsh, la corredora de seguros.
El Global Risks Report 2026 (GRR 2026) anticipa un escenario de crisis encadenadas, con confrontación geoeconómica, eventos climáticos extremos, volatilidad de costos y ciberataques, que impactan de forma directa el margen operacional de las empresas. Para Daniel Lewinsohn, director ejecutivo y líder de Riesgos de Marsh Chile, ese diagnóstico se aplica con particular fuerza a los contratistas mineros.
“Para los contratistas y proveedores, el éxito ya no depende exclusivamente de la eficiencia técnica, sino de la capacidad de gestionar la resiliencia operativa y financiera ante interrupciones que pueden comprometer su margen y su solvencia. La continuidad de los contratos dependen hoy de cómo se gestionan cinco riesgos críticos”, señala el ejecutivo.
El primero de ellos es la sobrecarga operacional y los desvíos de costo por condiciones de faena. Las condiciones geológicas y climáticas extremas aumentan el desgaste de equipos y el consumo de insumos, elevando costos que no siempre están cubiertos por el contrato original y que terminan afectando la rentabilidad y el cumplimiento de los niveles de servicio. Frente a esto, Lewinsohn recomienda incorporar cláusulas de reajuste y “gatillos” ante condiciones no previstas, además de priorizar el mantenimiento según la criticidad de los equipos.
Un segundo frente son los daños a terceros y el escalamiento de reclamos, como incidentes de seguridad o daños a la infraestructura pueden derivar rápidamente en paralizaciones, investigaciones y costosos procesos legales, donde la evidencia y la trazabilidad documental pesan tanto como la operación misma. Por eso, resulta clave fortalecer los controles críticos en actividades de alto riesgo y mantener bitácoras, checklists y capacitaciones al día.
El tercer riesgo es el incendio y los daños en activos operativos, como talleres, bodegas, stock y herramientas, que suelen originarse en trabajos en caliente o fallas eléctricas. Su impacto no se limita al costo de reposición: puede detener el servicio durante semanas y presionar de forma crítica el flujo de caja. Para Lewinsohn, la clave está en identificar los activos cuya pérdida paralizaría la operación y contar con planes de continuidad y proveedores alternativos.
A esto se suman los siniestros de vehículos y equipos móviles, que según Marsh representan la mayor causa de interrupción operativa en la industria. Un solo accidente puede combinar daño propio, daño a terceros y pérdida de continuidad al mismo tiempo. El llamado es a identificar los “puntos únicos de falla” en la flota y establecer planes de reemplazo o arriendo que permitan recuperar la operatividad en un plazo de 48 a 72 horas.
Finalmente, Lewinsohn pone el foco en el riesgo cibernético y de continuidad administrativa. Los ciber incidentes y el fraude digital, como el ransomware o la suplantación de identidad, impactan directamente la facturación y el flujo de caja de las empresas, además de comprometer la coordinación operativa y la reputación frente a los mandantes. “Ninguna empresa del ecosistema minero puede considerar este riesgo ajeno. La autenticación multifactor y los procesos de doble validación para transferencias o cambios de cuentas ya son controles mínimos, no opcionales”, complementó el ejecutivo.
Comentarios (0)
Participa de la conversación. Tu comentario se publicará una vez revisado por el equipo editorial.