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Chile

El vicepresidente de Corfo aseguró que no se buscará estatizar los recursos del Salar de Atacama. "Las ventajas naturales del Salar garantizan un enorme interés de empresas nacionales e internacionales”.

Lunes 22 de Junio de 2015.- El vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, aseguró que el Comité para la Minería No Metálica que propusieron permitirá crear una institucionalidad que promoverá el desarrollo de este sector a través de privados. Lo anterior al referirse a la forma en que se desarrollará la explotación de las 28.054 pertenencias mineras que la entidad estatal tiene en el Salar de Atacama y que hoy son arrendadas a SQM.

Luego de que la semana pasada se revelara que el consejo directivo de Corfo solicitará el término del contrato de arrendamiento con la minera controlada Julio Ponce Lerouy que rige hasta fines de 2030, surgieron algunas dudas sobre cómo se iban a explotar en el futuro los recursos que existen en el área.

Sin referirse en concreto a los detalles de la disputa con SQM, Bitran aseguró que Corfo no busca estatizar los recursos del Salar de Atacama. "Las ventajas naturales del Salar garantizan un enorme interés de empresas nacionales e internacionales, lo que asegura su viabilidad y las fuentes laborales", consigna El Mercurio.

El vicepresidente de Corfo recordó que el litigio con SQM por los contratos de 1986 y 1993 se está resolviendo a través de los mecanismos establecidos en los mismos contratos -un arbitraje, hoy a cargo de Héctor Humeres-, a raíz de graves violaciones al acuerdo por parte de la minera no metálica.

Alistan artillería en disputa por contrato

Terminar el convenio no es fácil. Porque existe un acuerdo que expira en diciembre de 2030 y que extraoficialmente SQM valora en USD 6 mil millones. Además, porque hay inversionistas extranjeros que pusieron sus fichas en la compañía y en sus actividades en el Salar. Y tercero, porque el desarrollo de este conflicto está muy ligado al desenlace de las acusaciones de financiamiento ilegal a la política de parte de SQM.

Según BICE Inversiones, la disputa podría durar uno o dos años si las partes no llegan a un acuerdo conciliatorio. Quien quede descontento puede recurrir a la Corte Suprema, señala El Mercurio.

El matutino destaca que Corfo tiene como asesores legales externos a Ignacio Vargas y Joaquín Morales y el caso es llevado por el fiscal Pablo Lagos Puccio, primo del vocero de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio, quien fue director en Pampa Calichera (controladora de SQM) en 2012 y 2013.

Una pregunta que ronda en el mercado es cómo un contrato que tiene 29 años -la primera versión viene de 1986- está siendo cuestionado solo ahora. "Los gobiernos de la Concertación no vigilaron el cumplimiento del contrato. No se sabe si por desinterés o interés", dice un profesional ligado al Ministerio de Economía.

La mano cambió con el Presidente Piñera. El vicepresidente de Corfo del gobierno anterior, Hernán Cheyre, solicitó a la minera aclaraciones en materias técnicas, legales y económicas, y pidió verificar los pagos del contrato. Tras una primera revisión, Corfo detectó diferencias en los criterios del pago de arriendo y en diciembre de 2013 acordaron un arbitraje, a cargo de Héctor Humeres.

Ese mismo año, los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, José Antonio Gómez y Alejandro Navarro pidieron a la Contraloría que revisara el contrato con SQM Salar, en parte porque habían detectado que la firma había solicitado pertenencias mineras en la misma zona alquilada a Corfo y que esta entidad no había dicho nada.

La Contraloría advirtió que "existió descuido por parte de la Corfo en la supervisión del acuerdo" ya que "recién le exigió rendición de cuentas del mandato conferido a dicha compañía en enero de 2013, en circunstancias que aquel fue otorgado en el año 1993".

Portal Minero