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Hernán de Solminihac Tampier,
Ministro de Minería.

Una industria minera que sea segura para sus trabajadores, como también sustentable social y ambientalmente. Ese es uno de los ejes de trabajo que nos hemos propuesto como Ministerio de Minería para los próximos años, siguiendo el camino trazado por el Presidente Sebastián Piñera.

Y queremos que las ciudades y sus ciudadanos perciban que las palabras van de la mano con acciones concretas. La Ley de Cierre de Faenas Mineras promulgada el pasado viernes 11, es un paso decisivo en la dirección de proteger y cuidar el medio ambiente.

Su expedita aprobación en el Congreso, gracias al esfuerzo compartido entre el Ejecutivo y los parlamentarios, da cuenta de anhelos y necesidades de la sociedad, lo que dio origen al primer proyecto ambiental específico de un sector productivo en Chile, ya que todas las demás actividades se rigen por la normativa ambiental existente.

Esta ley coloca a Chile a la vanguardia en la región, al establecer mecanismos de garantía de cumplimiento de los planes de cierre con la flexibilidad necesaria para proponer modelos de financiamiento.

Con ello damos otro gran paso para que el sector minero aumente la inversión en protección y cuidado ambiental, y además evitará el desembolso de recursos fiscales, de todos los chilenos. Es decir, para el Estado el costo será cero.

La Ley de Cierre de Faenas establece medidas destinadas a mitigar los efectos derivados de la actividad extractiva minera, siendo la prioridad la estabilización estructural y química de aquellos lugares donde se realizó la explotación del recurso, para cautelar el debido resguardo de la vida, la salud y seguridad de las personas.

Para que esos objetivos se cumplan, la normativa se sustenta sobre la base de dos ejes claves. Uno de ellos es la obligación de las empresas de presentar un plan de cierre de faenas mineras, que una vez aprobado debe ejecutar en todas sus fases, en los plazos fijados y con las condiciones establecidas en el dicho pedimento.

Asimismo, se deberá acompañar una garantía de cumplimiento: en función del plazo, monto y forma de constitución de los instrumentos que la avalen.

Esta ley será aplicable a todas las faenas mineras que produzcan más de 10.000 toneladas mensuales brutas de mineral, incluyendo a las de hidrocarburos, y abarca labores de exploración, prospección y explotación. Los planes de cierre, asimismo, serán auditados obligatoriamente cada cinco años.

Junto con todo lo anterior, la nueva normativa incluye la formación de un fondo de post cierre de faenas, que será financiado con los aportes que le correspondan a cada minera.

Contar con una ley moderna y proactiva se traducirá en efectos positivos para el entorno y, a la vez, generará un potente traspaso a lo social y productivo, a través del impulso a los proveedores de la minería, que dispondrán de nuevas oportunidades de mercado en materia de manejo y asesorías ambientales. La inversión global se estima en hasta 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años.

Creemos que este cuerpo legal lejos de desincentivar o encarecer los costos de los proyectos mineros, va en la línea de lo que las empresas han internalizado con el tiempo, cual es el respeto al medio ambiente y la preocupación por los entornos sociales, porque con ello ganamos todos.

Hacer las cosas bien y trabajar en conjunto –mundo público, privado y la comunidad- siempre serán un camino elegible a la hora de avanzar hacia el desarrollo económico y social.

Como gobierno siempre estaremos por defender el interés de todos los chilenos, en todos los ámbitos y dentro de la seriedad y respeto del marco jurídico que nos ha caracterizado. Velar porque la minería cuide el medio ambiente y a las personas forma parte de esa hermosa obligación con los 16 millones de chilenos y las generaciones que vendrán.

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