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Este miércoles vence el plazo legal para que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dé a conocer su esperada decisión respecto del futuro del proyecto minero portuario.

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Miércoles 18 de Abril de 2018.- Hoy se cumple el plazo fatal para que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dé a conocer la decisión respecto del futuro del proyecto minero portuario Dominga.

Este escenario se da luego que en noviembre de 2017, Andes Iron, empresa impulsora de la iniciativa, presentara un recurso de reclamación en contra de la decisión del Comité de Ministros que ratificó el rechazo al permiso ambiental de Dominga.

En ese entonces, Andes Iron señaló que “la resolución tomada en agosto por el Comité de Ministros -y que dio origen a un conflicto al interior del gobierno que terminó con la inédita renuncia del equipo económico de la administración de Michelle Bachelet: los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco- tuvo vicios en su proceso”.

Escenarios posibles

Ahora el Tribunal Ambiental tiene tres escenarios posibles. Rechazar el recurso o en el caso que acepte la tesis de que hubo vicios en el proceso, retrotraer la iniciativa a una etapa anterior de su tramitación ambiental la cual puede ser marzo de 2017, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo rechazó el permiso ambiental del proyecto, o a agosto de 2017, cuando el Comité de Ministros tomó la misma decisión. Todo depende de dónde determine el tribunal si es que existió algún vicio en el proceso.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por US$2.500 millones y que considera el desarrollo de una mina de hierro y cobre además de un puerto que se emplazarían en la comuna de la Higuera, en la Cuarta Región, fue presentado a evaluación en septiembre de 2013.

Tras un largo proceso de tramitación, en marzo de 2017 el CEA de Coquimbo, negó el permiso ambiental. Ello tras una polémica votación que resultó 6 a 6, y la que el entonces intendente regional, Claudio Ibáñez, en su calidad de presidente de la instancia, tuvo que dirimir, resolviendo rechazar la iniciativa, pese a que previamente el Servicio de Evaluación Ambiental de la región había recomendado aprobar el proyecto.

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