Minería: Faltan indicadores para determinar el costo ecológico

Y el agua es uno de los recursos que más se emplean en la actividad minera, como se comprobó en el estudio "El costo ecológico de la política minera en Huanuni y Bolívar" (PIEB, 2010), realizado en torno a la minería en Oruro. Sin embargo todavía hacen falta indicadores, por ejemplo, para valorar la producción de concentrados mineros, la pérdida o uso de agua, los desechos o residuos generados, a fin de que sean introducidos en los Estudios de Impacto Ambiental. 

En lugar de generar esos criterios para cuantificar la pérdida de los recursos, el sociólogo afirma que se intenta "flexibilizar" la norma haciendo que sea el Ministerio de Minería el encargado del control ambiental a las operaciones mineras.

"La actual Ley 1777 otorga derechos sobre el total de las fuentes de agua -dice- que están dentro de la concesión minera de manera libre y gratuita por parte de las operaciones mineras, y el actual proyecto de ley de minería repite esa figura otorgando derechos de uso y paso sobre las fuentes de agua, con ese planteamiento los operadores mineros ahora también pueden usar agua por las fuentes superficiales con mayor facilidad". Así es difícil contar con políticas y mecanismos de uso eficiente de agua. 

Según Madrid, si bien no existe una privatización del agua, al otorgar derechos al operador minero por encima de otros usuarios "casi se está generando lo que en términos teóricos se denomina una desposesión hídrica". 

El caso de la mina Mallku Khota es una muestra de esa afirmación. Está ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar, y en la región se cuentan cuatro lagunas de altura que a la vez son nacientes de subcuencas. Si bien el problema nació porque un grupo de pobladores cuestionó justamente el uso de agua para las actividades netamente mineras, también el conflicto se combinó posteriormente con el interés de otros pobladores de intervenir en la explotación ante el desempleo y la expectativa de lograr ingresos por cuenta propia. 

A esto se añade un imaginario político que se ha formado a partir de la Constitución Política del Estado de que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano, por tanto los comunarios comienzan a intentar ejercer su derecho directamente. 

En cualquier caso la utilización de indicadores para verificar el costo ecológico de la minería podría ayudar a transparentar la información para entregarla a la sociedad civil y sus organizaciones.