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Perú

04 de Diciembre 2012.- El conflicto social desatado en torno al proyecto minero Conga, ubicado en Cajamarca, sierra norte del Perú, ha sido el reto más grande que ha enfrentado el gobierno de Ollanta Humala.

Luego de meses de protestas y enfrentamientos con la policía y el ejército, el proyecto fue declarado en suspensión por el primer Ministro Juan Jiménez Mayor, aunque continuaron algunos trabajos en la zona.

Las manifestaciones fueron lideradas por el presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y el líder del partido político Tierra y Libertad, el ex sacerdote Marco Arana. En ellas se exigía que la minera Yanacocha, empresa ejecutora del proyecto, cese sus actividades ya que implican un atentado ecológico al comprometer cabeceras de cuenca que proveen de agua a toda la región. Los pobladores cajamarquinos temen que si Conga se lleva a cabo, podrían quedarse sin agua.

Conga es un proyecto minero que requiere una inversión 4.800 millones de dólares para extraer oro y cobre por 19 años, empezando el 2014. Se trata de la mayor inversión en la historia del país. Contendría  8,9 millones de onzas de oro. Ese volumen, según la cotización de la onza de oro actual, equivale a casi 15.000 millones de dólares.

El proyecto está ubicado en las cabeceras de cuenca donde se originan hasta cuatro ríos de la zona. El área de explotación abarca unas 34.500 hectáreas y tendrá dos tajos a cielo abierto, una planta concentradora y un depósito para almacenar relaves. El plan minero tiene previsto trasvasar las aguas de las lagunas Mala, Chica, Azul y Perol hacia tres reservorios ubicados cerca del lugar de origen de las lagunas.

Es justamente estos últimos puntos sobre los cuales se centra el reclamo de los pobladores cajamarquinos, quienes no confían en los Estudios de Impacto Ambiental hechos al momento de que el Gobierno Peruano aprobó el proyecto, durante el mandato del expresidente Alan García.

Las protestas llegaron a su clímax a comienzos de julio pasado, cuando un enfrentamiento con la policía dejó como saldo cuatro muertos y más de veinte heridos por armas de fuego. Según una investigación llevada a cabo por Human Rights Watch, uno de los fallecidos fue un menor de edad que fue alcanzado por un proyectil mientras se dirigía a una cabina de internet.

El Gobierno Peruano decretó Estado de Emergencia en Cajamarca en ese mes y lo prorrogó hasta inicios de setiembre. Del mismo modo, afirmó que investigaría los hechos. Sin embargo, no se ha llegado a resultados concretos hasta el momento.

Human Rights Watch envió una carta al presidente Ollanta Humala en setiembre pasado donde llamaba la atención sobre el uso de armas de fuego en operativos de control de protestas civiles.

La organización expresó a Humala su preocupación por los 15 muertos registrados en protestas reprimidas por las fuerzas de seguridad durante el primer año de su gestión, la mayoría de ellas en considerados conflictos socioambientales relacionados con la minería.

Yanacocha fue multada en noviembre con 180.000 dólares por vulnerar la normativa ambiental en el proyecto minero Conga.

Terra
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