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Chile

En la junta de acreedores de la minera se eligió al ingeniero y consultor Jorge Quiroz Castro como experto facilitador, quien determinará si es posible una vía distinta que la quiebra.

24 de Septiembre de 2010.- En junta de acreedores de Minera San Esteban, efectuada ayer en el 17º Juzgado Civil de Santiago, “se eligió al ingeniero y consultor Jorge Quiroz Castro como experto facilitador (propuesto por E­Mining), quien en 29 días tendrá que analizar y determinar si la compañía está o no en condiciones de pagar sus deudas”, indicó la ex interventora María Loreto Ried.

Según señaló Fernando Lohse, abogado representante de Minera San Esteban “los valores presentados al tribunal, son contables, no son valores comerciales. El valor patrimonial y efectivo de la empresa asciende a US$25 millones, por tanto, los bienes no son inferiores a las deudas, lo que significa que se alcanzaría a pagar a los acreedores y a los trabajadores”.

La jueza Rocío Perez, informó que “Jorge Quiroz fue elegido por una mayoría de 82,79% de los créditos con derecho a voto, que representan a un total de $5.178.213.492 del pasivo certificado ante el tribunal” y aclaró que “si en 30 días el facilitador no cumple con lo encomendado, el tribunal está obligado a declarar la quiebra por sentencia judicial”.
La directora del Trabajo, Maria Cecilia Sánchez, aseguró que “por especial encargo de la ministra del Trabajo, Camila Merino, y del subsecretario de la misma cartera, Bruno Baranda, estamos facilitando un abogado y haciendo los contactos con la Corporación de Asistencia Judicial para que estos trabajadores tengan la defensa adecuada”.
Al respecto, Evelyn Olmos, presidenta del Sindicato 2 de la Minera San Esteban afirmó que “estamos temerosos, porque si bien la empresa tiene mucho patrimonio, hay que esperar a ver cómo se va a vender, ya que eso cambia bastante el valor comercial”.

Según informó el tribunal, los acreedores que participaron fueron: Calderaridge Financial Limited (a la cual le adeudan $2.068.101.030), Empresa Nacional de Minería ($1.106.921.742), E­Mining Operation ($931.268.961), Fisco de Chile ($530.344.795), Banco Santander ($ 198.333.338), Shell Chile ($ 154.227.415), Vialidad Copiapó (MOP) ($112.000.000), DSI­Soprofint Industrial Limitada ($57.747.830), IPS FONASA ($ 49.465.985) y Metalnorte Ingeniería Limitada ($ 27.550.226).

Mientras tanto, los familiares interpondrán una querella civil para obligar a la minera a indemnizarlos por los daños y perjuicios que les ha causado el estar atrapados tanto tiempo. La acción civil será interpuesta el próximo miércoles y representa a las 33 familiares, quienes piden en total, un monto que supera los 900 millones de pesos. Mientras tanto, las familias interpondrán una querella por daños y perjuicios. Esperan una indemnización que supera los 900 millones de pesos (Estrategia).

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