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Chile

Este episodio se da en un escenario de contratos más sofisticados, que tendría a los clientes libres en una posición donde podrían decir mucho más.

Lunes 16 de Enero de 2017.- En los últimos veinte años la relación comercial entre los grandes consumidores de energía y las generadoras ha tenido altos y bajos. La llegada del gas natural desde Argentina o el posterior corte definitivo del suministro de ese hidrocarburo provocaron importantes bajas y alzas en los precios de la energía, variaciones que a su vez derivaron en renegociaciones de contratos que, en no pocos casos, terminaron complejas batallas legales que incluso en algunos años tardaron años en resolverse.

Esta historia de desencuentros está escribiendo ahora un nuevo capítulo, a partir de la intención de las eléctricas de traspasar a tarifas el cargo del impuesto verde, pese a que hasta ahora las estimaciones apuntan a que el aporte de este sector productivo asociado a este tributo, que marcó la última etapa de la reforma será más bien bajo (ver nota relacionada).

Claro que, en el contexto de ahorro en el que están insertas, las mineras aparecen decididas a resistir cualquier reajuste, especialmente en este insumo, ya que la energía ha sido uno de los ítems que más ha contribuido en su reducción de costos. En un estudio reciente Cochilco fijó este ahorro en casi 3 centavos de dólar por libra de cobre, de un total de 25 centavos de dólar que el costo directo de la industria bajó al tercer trimestre de 2016, comparado con igual lapso del año anterior.

Recientemente y a través de cartas las generadoras oficializaron a sus clientes libres la intención de traspasarles este costo y, precisamente, estos documentos han servido de base a las mineras, entre las que figuraría SQM, para iniciar procesos denominado de arbitraje preventivo, en este caso en contra de AES Gener, con cuyas filiales Norgener y Cochrane mantiene compromisos de compra de energía, según se informa en la memoria de la eléctrica.

Margen de acción

Abogados especialistas en este tipo de contratos explican que a diferencia de lo que sucedió hace una década, cuando a raíz del corte de gas argentino, las mineras tuvieron poco margen de acción y se vieron casi obligadas a absorber prácticamente todos los sobrecostos de la operación de las generadoras, hoy los contratos son más sofisticados y además de establecer mecanismos de mediación ante diferencias o sistemas preventivos de resolución de controversias, también dejan espacio para que el cliente pueda objetar cualquier traspaso.

Conocedores del sector explican que en el caso de los contratos de suministro, conocidos como PPA por su sigla en inglés, sirven como respaldo para obtener un project finance para la construcción de una central, por lo general se establece que como una forma de asegurar los flujos que sustentan el pago, el cliente acepta asumir costos que pudieran surgir a lo largo del convenio, como algunas situaciones de fuerza mayor o derivadas de normativas o tributarias, como sucede ahora con el impuesto verde.

Las fuentes añaden que en paralelo los contratos establecen la obligación para suministrador de la energía de agotar todas las instancias para evitar o reducir este cargo adicional. Precisamente, a este factor estarían echando mano las mineras para evitar el alza en su factura eléctrica, para lo cual los equipos legales estarían revisando la tramitación del proyecto que derivó en el impuesto verde, a fin de determinar si las eléctricas realmente cumplieron con su parte de las cláusulas, es decir, si agotaron todas las instancias y acciones para evitar este tributo.

Esta materia, que se presta para diversas interpretaciones, se estaría resolviendo en estos procesos legales intermedios que buscan evitar llegar al terreno del arbitraje.

Diario Financiero

Portal Minero