Home   +562 2225 0164 info@portalminero.com

Síguenos

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chile

Según la última versión del catastro "Proyectos de Inversión en el SEIA", de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), un porcentaje creciente de iniciativas pasan a instancias superiores tras su trámite en el sistema.

Lunes 31 de Julio de 2017.- Un fuerte incremento registran las reclamaciones administrativas vinculadas a los proyectos de inversión. Estas presentaciones tienen su origen tanto en las mismas empresas que realizan las inversiones en el país o provienen de ciudadanos insatisfechos con las resoluciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según la última versión del catastro "Proyectos de Inversión en el SEIA", de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), un porcentaje creciente de iniciativas pasan a instancias superiores tras su trámite en el sistema. Desde 2012 a la fecha, el 37,3% de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que fueron calificados -que corresponden a proyectos de mayor envergadura- ha sido reclamado ante el Comité de Ministros, y ese porcentaje ha sido creciente: en 2012 era el 25% de los proyectos y en 2017 alcanzó el 57,1%. El porcentaje sube cuando se trata del monto de inversión reclamado, pues este año, el 72,2% (USD 3.810 millones) de los USD 5.280 millones de inversión aprobada y rechazada ha enfrentado reclamaciones ante el Comité.

"Si tres de cada cinco proyectos que obtienen una resolución de calificación ambiental en el Sistema de Evaluación Ambiental son reclamados ante el Comité de Ministros, es necesario fortalecer la certeza jurídica del proceso de evaluación y de la RCA para impulsar la inversión", dice Joanna Davidovich, directora ejecutiva de la Comisión de Productividad de la CPC.

De acuerdo con la legislación ambiental, los proyectos de inversión, luego de ser calificados como aprobados o rechazados, pueden enfrentar nuevos trámites en instancias superiores asociadas a reclamaciones administrativas. En ellas, pueden reclamar tanto las personas naturales y jurídicas que formularon observaciones en la participación ciudadana, como titulares de proyectos en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que rechaza o establece condiciones o exigencias.

Los recursos de reclamación contra la RCA de una Declaración de Impacto Ambiental son presentados ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mientras que las reclamaciones contra un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se realizan ante un Comité de Ministros presidido por el titular de Medio Ambiente e integrado por los ministros de Agricultura, Energía, Economía, Minería y Salud. Además, luego de esa instancia, se pueden formular las reclamaciones judiciales ante el Tribunal Ambiental y los tribunales ordinarios.

Entre 2012 y 2017, 53 EIA han sido objeto de 64 recursos de reclamación, de los cuales casi dos tercios corresponden a recursos provenientes de la participación ciudadana, conocida como PAC. El resto proviene de los titulares.

El plazo promedio de los recursos de reclamación que pasaron por el proceso completo de revisión alcanza a los 13,4 meses. De esta forma, si se suma el dato anterior al tiempo promedio de aprobación de un EIA entre 2012 y 2017 (20,6 meses), los proyectos con reclamaciones registran una media de trámite que alcanza a 34 meses de evaluación.

"Los procesos largos e inciertos de aprobación de proyectos de inversión tienen costos altos para el país, para el crecimiento, para el empleo y, finalmente, para la calidad de vida de las personas", indica Davidovich. Agrega que las iniciativas tienen normas establecidas y procesos que cumplir para obtener permisos para operar y que estos deben ser expeditos, claros en sus requisitos y de resultados predecibles si se cumplen las exigencias.

Aprobación en el SEIA

Respecto de la tramitación en el SEIA, los proyectos aprobados siguen cayendo, según la CPC: se aprobaron 70 iniciativas en el segundo trimestre de 2017, transformándose en el número más bajo desde 2007. El monto total de inversión autorizado fue de USD 2.288 millones, 62% menor que el segundo trimestre de 2016, y es la suma más baja desde el segundo cuarto de 2010.

El Mercurio

Portal Minero