El gremio planteó ante la Comisión de Minería y Energía del Senado que la reforma debe entregar certezas a la pequeña y mediana minería y advirtió que la aplicación de la Ley SBAP y la exigencia de acreditar trabajo efectivo pueden limitar los efectos de las modificaciones propuestas.
La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (Agrumin) manifestó ante la Comisión de Minería y Energía del Senado sus reparos al proyecto que modifica el Código de Minería y las leyes N° 21.420 y N° 21.649 en materia de amparo minero, advirtiendo que la iniciativa, en su actual redacción, podría no cumplir el objetivo de facilitar el acceso de pequeños y medianos mineros a la rebaja de las patentes.
Uno de los principales cuestionamientos de Agrumin apunta a que los productores deberán continuar acreditando trabajo efectivo para acceder al beneficio. A juicio de la organización, ello mantiene al sector sujeto a la aplicación que realicen las distintas direcciones regionales de Sernageomin y a las decisiones de cada administración.
“Valoramos que se esté revisando el régimen de patentes, pero una modificación legal debe traducirse efectivamente en mejores condiciones para quienes desarrollan pequeña y mediana minería. Si mantenemos requisitos que en la práctica dificultan el acceso al beneficio, corremos el riesgo de que el cambio no produzca los efectos que todos esperamos”, señaló el presidente de Agrumin, Patricio Gatica.
Sitios prioritarios: una dificultad que debe resolverse
Durante su presentación, el gremio enfatizó además que cualquier avance en materia de patentes debe considerar previamente los efectos que está generando la definición de Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la Ley N° 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Agrumin sostuvo que este asunto constituye un obstáculo que debe ser despejado para que las modificaciones al régimen minero tengan efectos reales.
Para graficar esta preocupación, la presentación expuso el caso del sitio prioritario La Roblería-Cordillera de la Costa Norte y Cocalán, en la Región de O’Higgins, mostrando cartográficamente la extensión territorial involucrada y su relación con zonas donde se desarrollan distintas actividades.
Agrumin también planteó la necesidad de establecer condiciones claras para el ingreso de la pequeña y mediana minería al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La propuesta presentada considera una diferenciación según niveles de producción: entre 0 y 10.000 toneladas mensuales mediante declaración jurada; entre 10.000 y 40.000 toneladas mensuales mediante permisos sectoriales; y sobre 40.000 toneladas mensuales, ingreso al SEIA.
Agrumin propone una mesa técnica
Finalmente, la presidente de Agrumin planteó que durante la tramitación legislativa se puedan agregar, modificar o precisar aquellos aspectos que todavía requieren mayor claridad, teniendo especialmente presente la aplicación futura de las nuevas disposiciones.
En ese contexto, Agrumin ofreció formalmente participar en una mesa técnica conjunta que permita realizar un análisis más detallado del proyecto e identificar tanto sus aspectos positivos como las dificultades que podría generar para los pequeños y medianos productores.
“Queremos contribuir a construir una legislación que entregue certezas, que sea aplicable en la realidad de las faenas y que permita que la pequeña y mediana minería pueda desarrollarse. Por eso hemos planteado nuestra disposición a trabajar técnicamente con el Senado y las autoridades para perfeccionar este proyecto”, concluyó Agrumin.
El gremio minero se hizo presente ante la mencionada comisión por líder, Patricio Gatica; el vicepresidente, Fernando Gattas; el director jurídico, Juan Carlos Urquidi, y el director, Jorge Pavletic.
A la sesión concurrieron el ministro Daniel Mas y el subsecretario Álvaro González, además de los ex ministros Ignacio Briones y Álvaro García.
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