Durante el desayuno "Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico", organizado por Marsh, representantes del sector minero y expertos en regulación analizaron el alcance de la iniciativa legal y coincidieron en que, si bien el proyecto incorpora herramientas para fortalecer la competitividad del país, aún requiere perfeccionamientos para entregar mayores certezas a la inversión.
Chile enfrenta una oportunidad única para consolidar su liderazgo en la producción de minerales críticos para la transición energética. Sin embargo, aprovechar ese potencial dependerá, en gran medida, de contar con un marco regulatorio que entregue certeza jurídica, permita reducir los tiempos de tramitación y fortalezca la competitividad frente a otros mercados.
Con ese escenario como punto de partida, Marsh reunió a autoridades, ejecutivos y representantes de la industria en el desayuno "Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico", una instancia de análisis diseñada para abordar los desafíos que plantea el nuevo escenario legislativo para el desarrollo de la minería en Chile.
Durante el encuentro, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que el país tiene una oportunidad histórica para atraer inversiones en minerales estratégicos, siempre que se generen las condiciones necesarias. "El mundo entero está clamando por más minerales. Chile tiene el 21% de las reservas de cobre y el 25% del litio, además de una cartera de proyectos por más de US$104 mil millones ¿Qué es lo que necesitamos para que estos proyectos se materialicen? Esa es la primera pregunta. Por lo tanto, este proyecto de ley viene, de alguna manera, a facilitar que se realicen esas inversiones", afirmó.
El ejecutivo también explicó que el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional incluye medidas para incentivar la inversión, como la rebaja gradual del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria para grandes proyectos y una tramitación ambiental más ágil, aunque advirtió que será clave coordinarlo con las demás reformas regulatorias en discusión.
Posteriormente, Villarino moderó un panel de conversación junto al exsubsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval, y el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, quienes analizaron los principales desafíos que enfrenta la iniciativa legal.
Desde la perspectiva ambiental, Irarrázaval valoró las medidas orientadas a agilizar la tramitación de proyectos, aunque sostuvo que aún existen materias pendientes que también deben abordarse para entregar mayor certeza jurídica. "Muchas veces se cree que esta ley es una bala de plata que va a solucionar todos los problemas, pero es importante dejar sobre la mesa que todavía existen otros temas pendientes", señaló.
El exsubsecretario identificó como "los dos elefantes en la sala" la aplicación de la Ley de Delitos Ambientales y los procesos de fiscalización asociados a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), advirtiendo que ambos generan espacios de incertidumbre para el desarrollo de proyectos. "Nadie sabe con certeza cuándo un cambio de proyecto tiene que volver a ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental. Ese tipo de discrecionalidad genera incertidumbre y es uno de los desafíos que todavía debemos resolver", afirmó.
Por su parte, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, centró su análisis en el régimen de invariabilidad tributaria contemplado en el proyecto. Si bien valoró el objetivo de la iniciativa, advirtió que su diseño aún presenta aspectos que requieren un mayor desarrollo técnico.
"Uno de los problemas que va a tener este proyecto, si se mantiene como está, es que varias de sus definiciones no están bien resueltas. Hay temas suficientemente importantes como para que cualquier inversionista quiera tener claridad antes de tomar una decisión", comentó Escobar.
Asimismo, sostuvo que el debate no debería concentrarse exclusivamente en la duración de la invariabilidad tributaria, sino en generar condiciones de estabilidad que otorguen confianza al mercado. "Más importante que discutir si la invariabilidad debe durar 20 o 25 años es lograr un amplio acuerdo político que entregue verdadera estabilidad a la inversión", afirmó, agregando que fortalecer la arquitectura jurídica del proyecto será clave para evitar futuras incertidumbres.
Los participantes coincidieron en que la iniciativa constituye una señal relevante para recuperar la competitividad del país y fomentar nuevas inversiones, aunque recalcaron que su éxito dependerá de la capacidad de perfeccionar aquellos aspectos que hoy generan dudas desde el punto de vista regulatorio, ambiental y tributario.
Daniel Mas: "La minería y la energía necesitan confianza, certeza jurídica e incentivos adecuados"
Durante la apertura del encuentro, el biministro de Energía y Minería, Daniel Mas, destacó que la minería y la energía requieren reglas estables para desarrollar inversiones de largo plazo y afirmó que el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico constituye una de las principales herramientas impulsadas por el Gobierno para recuperar el crecimiento económico.
"La minería y la energía no son negocios de corto plazo. Para que esas inversiones ocurran necesitamos tres cosas: confianza en las instituciones, certeza jurídica e incentivos adecuados", sostuvo. En ese sentido, explicó que la iniciativa contempla una reducción gradual del impuesto corporativo, mecanismos de invariabilidad tributaria para inversiones de gran escala y medidas para simplificar la tramitación ambiental, manteniendo los estándares de protección vigentes.
"Queremos un sistema donde la fiscalización ambiental sea de altísimo estándar técnico, pero donde las reglas sean claras y las respuestas del Estado se entreguen a tiempo. Un permiso congelado durante años por decisiones burocráticas es una negligencia que este Gobierno no va a tolerar", concluyó el ministro.
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