Corregir las distorsiones del sistema eléctrico para reducir el costo de la electricidad

Por Sara Larraín y Gonzalo Melej, Fundación Chile Sustentable.

Después de una rápida tramitación, el Congreso aprobó este 22 de julio la Ley de Protección Tarifaria Eléctrica (Boletín N° 18.384-08); que posterga el pago de la deuda acumulada con las distribuidoras en cuotas graduales entre 2028 y 2035, extiende el subsidio eléctrico, aborda desafíos de seguridad y calidad del suministro, y habilita un mecanismo excepcional para renegociar contratos de suministro eléctrico. La ley llega en medio de un alza sostenida de la electricidad, cuando miles de familias enfrentan una cuenta de la luz cada vez más difícil de pagar.

Además de reconocer el beneficio de postergar el pago de la deuda con las distribuidoras, la que se suma a la que estamos pagando a las generadoras, a nuestro juicio, la renegociación de contratos es la herramienta estructural más relevante del proyecto pues le permite al país corregir distorsiones y sincerar el costo real de la energía para los clientes regulados. Al respecto, el artículo transitorio décimo tercero de la nueva regulación faculta excepcionalmente a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para revisar los contratos de suministro vigentes entre generadoras y distribuidoras. Este mecanismo, permite a la autoridad sincerar el costo actual de energía, ya que muchos contratos antiguos no reflejan las condiciones actuales de mercado, sino que condiciones del pasado, es decir precios atados a combustibles fósiles caros y expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales.

Si bien la Ley establece esta revisión como una facultad voluntaria del Ejecutivo, urge que el Gobierno, a través de la CNE, impulse con decisión esta renegociación, lo cual permitiría sincerar la eficiencia y los costos de generación de nuestra matriz eléctrica, y traspasar los costos reales de la energía eléctrica, y sin distorsiones, a los consumidores.

Más allá de la renegociación de contratos específicos, la Ley podría -a través de este mecanismo- evidenciar distorsiones de mercado estructurales que mantienen alto el costo de la electricidad. Una de ellas es el pago de la actual sobrecapacidad de generación diésel como infraestructura de respaldo, lo que significa un costo adicional ineficiente al sistema eléctrico. Un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile, publicado en 2025, muestra que el país sólo utiliza, en promedio, un 10% de la capacidad diésel conectada al Sistema Eléctrico Nacional, y que en casos extremos como el black out que afectó el sistema el 25 de febrero de 2025, solo se requirió utilizar un 24% de su capacidad.

El estudio advierte, además, que la ausencia de contratos de suministro del combustible de algunas centrales, así como las restricciones logísticas, impiden que la flota diésel pueda garantizar efectivamente el respaldo que hoy el sistema les está remunerando por respaldo de suficiencia.

Si bien celebramos la aprobación de la Ley de Protección Tarifaria por el alivio que representa postergar la deuda eléctrica para las familias, instamos al Gobierno a actuar con la misma urgencia para revisar y corregir las distorsiones existentes en el sistema eléctrico, que encarecen el sistema. Dichas correcciones, podrían reducir de forma permanente el costo de la energía en Chile y permitir a las familias acceder a una energía limpia y barata; y por tanto a electrificar sus consumos.