Cuando hablar de patentes ya no es suficiente

Por Daniela Céspedes, cofounder de Xplora Minerals, y María José Vidal, socia de Vidal Abogados.

Todo proyecto minero comienza con una pregunta. Una pregunta geológica y económica. Una pregunta cuya respuesta nadie conoce con certeza. ¿Qué hay bajo la superficie? La historia de la minería es, en gran medida, la historia de personas que decidieron buscar una respuesta. Mucho antes de que exista una operación, una planta o una sola tonelada de mineral producida, existen años de exploración, inversión, permisos, estudios y trabajo técnico que rara vez son visibles para quienes observan la industria desde fuera. Sin embargo, es precisamente en esas etapas donde comienza a construirse el futuro de la minería.

Por ello, genera preocupación que ante la nueva Ley de Amparo Minero, propuesta por el Gobierno, la discusión se haya centrado más en el valor de las patentes y su rebaja, más que en los efectos económicos de los cambios propuestos. El amparo minero nunca ha sido únicamente una cuestión de pagos. En su esencia, constituye el mecanismo mediante el cual el Estado busca asegurar que las concesiones contribuyan efectivamente al desarrollo de la actividad minera, definiendo los incentivos y las señales que reciben quienes las poseen. Y es precisamente allí donde surge una pregunta de fondo. Una pregunta que trasciende esta reforma y que toca el corazón mismo de la industria, respecto a qué es lo que entendemos realmente por actividad minera.

La respuesta parece evidente. Pero no lo es. El régimen de amparo existe porque las concesiones mineras no son un derecho cualquiera. Su fundamento histórico ha sido asegurar que los recursos minerales contribuyan efectivamente al desarrollo del país. En otras palabras, que exista un vínculo entre la concesión otorgada por el Estado y una actividad que genere conocimiento, inversión, exploración o producción.

Por años, el sistema ha intentado resolver una tensión compleja. Por un lado, entregar certeza jurídica a quienes invierten en minería. Por otro, evitar que las concesiones permanezcan indefinidamente en estado de inactividad. Lo interesante del proyecto actualmente en discusión es que busca reconocer algo que la propia evolución de la industria ha hecho evidente: la minería moderna no comienza cuando una faena entra en operación.

La propuesta incorpora nuevas formas de acreditar actividad, incluyendo permisos sectoriales, ingresos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, resoluciones favorables e incluso la entrega de información geológica. Son mecanismos que buscan reflejar el avance real de un proyecto y que, bien implementados, podrían entregar mayor flexibilidad al sistema.

Sin embargo, también trasladan parte importante de la discusión hacia el ámbito administrativo. La diferencia puede parecer técnica, pero tiene implicancias profundas. Si antes el foco estaba puesto en la actividad minera misma, ahora una parte relevante de la evaluación dependerá de la capacidad de acreditar determinadas condiciones ante la autoridad. En ese escenario, el reglamento que acompañe la ley y los criterios que adopten los organismos responsables de su aplicación pasarán a tener un rol decisivo.

Por eso resulta llamativo que buena parte de la conversación pública siga concentrada exclusivamente en los montos de las patentes. La verdadera discusión debe estar focalizada en definir cuáles son las señales que queremos entregar a quienes exploran, desarrollan y financian proyectos mineros en Chile. Está en determinar si el nuevo sistema efectivamente incentivará más conocimiento geológico, más exploración y más desarrollo de proyectos. Está en asegurar que las nuevas herramientas contribuyan a dinamizar la actividad y no solo a simplificar el cumplimiento de requisitos.

Lo que está en juego es la forma en que Chile entiende la relación entre concesión minera y desarrollo de recursos. El verdadero desafío es determinar qué señales queremos entregar a quienes están dispuestos a invertir en el descubrimiento de los recursos que sostendrán el futuro del país.

Toda política minera, explícita o implícitamente, define qué actividades considera valiosas. Y cuando se trata de exploración, esas señales importan especialmente. Los descubrimientos no ocurren por casualidad. Son el resultado de años de trabajo, inversión, conocimiento y riesgo asumido mucho antes de que exista una operación minera.

Por eso, la discusión sobre el amparo minero no debería limitarse a cuánto se paga por conservar una concesión. Debiera ayudarnos a responder una pregunta mucho más relevante para el futuro de la industria: ¿Estamos construyendo un sistema que reconoce y promueve las etapas que permiten descubrir las minas del mañana?

Porque todo proyecto minero comienza con una pregunta. Y las decisiones que tomemos hoy determinarán si Chile sigue siendo un país donde vale la pena buscar la respuesta.