Por Ramón Rada Jaman, economista; presidente de la Comisión de Innovación del IIMCh

Chile exige a sus empresas financiar anticipadamente al Estado antes de producir un solo peso. Diferir el IVA a la importación de maquinaria liberaría capital de trabajo, aceleraría la inversión y ayudaría a romper el círculo vicioso del estancamiento.
Porque para exportar, primero hay que producir. Para hacerlo con eficiencia, seguridad y competitividad, una economía no industrializada como la chilena debe importar maquinaria, camiones y tecnología especializada. Y es que nuestro país no puede aspirar a liderar la minería, si sus proveedores y su cadena de valor no cuentan con equipos en stock para responder cuando los proyectos lo requieren.
Las cifras revelan la fragilidad de esa inversión: en 2024, las importaciones de maquinaria para minería y construcción cayeron 7,8% en comparación con 2023, mientras las de camiones y vehículos de carga descendieron 2%. Aunque durante 2025 se observó una recuperación, la volatilidad confirma que las decisiones de inversión siguen demasiado expuestas a la falta de liquidez, al costo financiero y a señales regulatorias contradictorias, en un entorno donde el capital de trabajo escasea.
Una de esas contradicciones es el IVA importador. Al nacionalizar un bien de capital, la empresa debe enterar inmediatamente el 19% de IVA, aun cuando la máquina permanezca meses en inventario y todavía no haya generado valor, una venta o flujo de caja. Para una máquina de US$1 millón, esto significa inmovilizar cerca de US$190.000, sin considerar otros tributos y costos asociados. Ese monto no es, normalmente, un impuesto definitivo, sino un crédito fiscal que podrá imputarse más adelante.
El problema es el tiempo: mientras el Estado recibe caja anticipadamente, la empresa pierde capital de trabajo, aumenta su deuda y posterga nuevas importaciones, contratación y servicio técnico. La norma castiga especialmente a quienes mantienen tecnología disponible antes de recibir una orden de compra y termina premiando el inmovilismo: nadie importa sin una venta calzada y los clientes no invierten porque el equipo no está disponible. Así se consolida el círculo vicioso de una economía que funciona al ralentí.
La solución no es rebajar impuestos ni crear una nueva franquicia. Chile, siguiendo la experiencia de economías más desarrolladas, debiera permitir diferir el pago del IVA aplicado a la importación de maquinaria hasta que ésta sea vendida, puesta en operación o llegue al usuario final, sin generar crédito fiscal mientras el tributo no haya sido pagado. El efecto fiscal permanente sería limitado, porque la obligación tributaria no desaparece: solo se corrige un desfase de caja que hoy convierte al importador productivo en financista involuntario del Estado.
Una política redistributiva que devuelve liquidez desde la caja fiscal hacia la economía real, donde puede transformarse en maquinaria, inventario tecnológico, empleo, proveedores locales y capacidad exportadora. Si Chile quiere salir del estancamiento, debe dejar de cobrar por adelantado a quienes están dispuestos a invertir y producir.



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