Judicialización ambiental: cuando aprobar un proyecto ya no es suficiente

Por Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA.

Durante décadas Chile ha construido una institucionalidad ambiental cada vez más robusta sobre la base de organismos técnicos, mecanismos de participación ciudadana, fiscalización ambiental y tribunales especializados. Sin embargo, la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable no entrega la certeza de que un proyecto podrá efectivamente materializarse.

Las cifras permiten dimensionar el problema. De acuerdo con el monitoreo que elabora la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), durante el primer semestre de 2026 los Tribunales Ambientales declararon admisibles 32 reclamaciones, aumentando a 67 las causas que se encuentran actualmente en tramitación, asociadas a 59 proyectos de inversión que, en conjunto, suman una inversión de US$10.655 millones.

El problema no está en la existencia de mecanismos de revisión, ya que estos permiten controlar la legalidad de las resoluciones, proteger derechos, corregir deficiencias y contribuyen a mejorar las decisiones futuras. El problema es que, si una RCA favorable es seguida por reclamaciones administrativas, procesos ante los Tribunales Ambientales y recursos de casación ante la Corte Suprema, puede significar que un proyecto continúe durante años sin certeza respecto de su situación definitiva, con las consiguientes consecuencias económicas.

La certeza jurídica no supone que una decisión administrativa no pueda ser revisada. Tampoco significa impedir que las comunidades, organizaciones u otros actores recurran a los mecanismos que establece la ley. Sin embargo, se requiere que existan reglas claras, procedimientos conocidos y tiempos razonablemente predecibles para llegar a una decisión final.

Para quienes deben decidir una inversión de largo plazo, el tiempo importa tanto como la calidad de la resolución. Los procesos judiciales prolongados incrementan la percepción de riesgo, dificultan la planificación financiera, retrasan la ejecución de las inversiones y pueden modificar decisiones estratégicas respecto de dónde asignar el capital. También altera la programación de obras, la contratación de servicios y la coordinación para gestionar los permisos y autorizaciones que requiere un proyecto. Esto resulta particularmente relevante para sectores como minería, energía e infraestructura, que se caracterizan por desarrollar proyectos de gran escala y alta complejidad técnica y ambiental, inversiones de largo plazo, múltiples autorizaciones sectoriales y una intensa interacción con los territorios, las comunidades y los ecosistemas.

Impacto en el desarrollo regional

Cuando un proyecto permanece durante años detenido, también se postergan beneficios potenciales para las regiones: empleos locales que no se crean, proveedores que no son contratados, servicios que dejan de demandarse, obras de infraestructura que no se ejecutan e inversiones sociales y compromisos ambientales que tampoco llegan a materializarse.

El costo de oportunidad es especial importancia para el país en el escenario actual. Dado que el mundo atraviesa una transformación productiva vinculada a la transición energética, ha aumentado la relevancia estratégica de minerales como el cobre y el litio, recursos en los que se tiene ventajas evidentes. Pero Chile puede perder la oportunidad por menor competitividad frente a otras jurisdicciones con exigencias igualmente rigurosas, pero que entregan mayor certeza respecto de los plazos para materializar los proyectos.

¿Cómo enfrentar este problema?

La respuesta no puede ser rebajar los estándares ambientales ni restringir legítimos derechos de reclamación, pero hay espacios concretos para avanzar. Uno es mejorar los tiempos de respuesta en las distintas etapas de evaluación y resolución. Otro es aumentar la claridad y consistencia de los criterios normativos y metodológicos, especialmente en materias sujetas a interpretación. También se debería consolidar estándares técnicos razonables y oportunamente actualizados, reconociendo que las características ambientales y territoriales varían significativamente entre proyectos y regiones.

La coordinación entre servicios públicos es igualmente relevante. La duplicidad de exigencias y la falta de sincronización entre distintos permisos no genera una mejor protección ambiental, pero añade tiempo de tramitación y complejidad en el proceso de manera innecesaria.

Existe, además, una tarea fundamental que comienza mucho antes de llegar a tribunales, tal como fortalecer la participación temprana de las comunidades y la gestión anticipada de las controversias. Mientras más temprano puedan identificarse los desacuerdos y más transparente sea la búsqueda de soluciones, mayores serán las posibilidades de evitar que las diferencias se transformen en conflictos prolongados.

Por otra parte, sin debilitar las garantías procesales ni el legítimo control de las decisiones administrativas, es razonable exigir mayores exigencias a la fundamentación de los recursos y contar con filtros de admisibilidad efectivos, de manera de evaluar tempranamente el mérito de una reclamación y determinar plazos de tramitación razonables para llegar a decisiones consolidadas. Al respecto, existe un antecedente que obliga a reflexionar, y es que una proporción relevante de las decisiones sometidas a revisión termina siendo confirmada por los tribunales después de largos periodos de litigación.

En definitiva, si bien Chile tiene una institucionalidad ambiental madura, además de ser capaz de fiscalizar eficazmente, garantizar participación y derechos, también debe entregar decisiones oportunas y previsibles, de manera que la protección ambiental no se convierta en sinónimo de incertidumbre permanente.