La cordillera no es el obstáculo

Por María Belén Fuenzalida, asociada senior del área Minera de Cariola Díez Pérez-Cotapos.

La reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que lo ha acompañado desde su origen: ¿qué impide que un proyecto binacional avance? La respuesta, muchas veces, no está en la falta de recursos ni de interés privado, sino en la superposición de procedimientos, en permisos que se tramitan por separado o en autoridades que actúan bajo lógicas distintas frente a un mismo proyecto.

Ese fue, precisamente, el problema que el Tratado buscó abordar. No creando un régimen especial ni desplazando la legislación de cada país. Al contrario, reconoce plenamente la vigencia de las normas nacionales (ambientales, sectoriales y administrativas) y preserva las competencias de ambos Estados. Lo que propone es algo bastante más simple, aunque mucho más difícil de implementar: que esas reglas funcionen de manera coordinada cuando el proyecto no entiende de fronteras.

Ahí está el verdadero desafío. No se trata de rebajar estándares, sino evitar duplicidades. No se trata de reducir controles, sino hacerlos compatibles. El propio Tratado contempla mecanismos de coordinación, controles integrados e, incluso, dispone que los costos derivados de esa fiscalización sean asumidos por los inversionistas. Es decir, se trata de eficiencia administrativa sin renunciar al control estatal.

Un proyecto binacional enfrenta problemas que un proyecto puramente nacional simplemente no tiene, por lo que no sorprende, entonces, que el Tribunal Constitucional haya entendido este régimen como una respuesta razonable a una realidad excepcional y no como un privilegio regulatorio.

Si el tratado se limita a anunciar cifras de inversión, habrá desaprovechado su verdadero potencial. Su éxito no se medirá por los montos comprometidos, sino por su capacidad para que un proyecto binacional deje de enfrentar una burocracia duplicada. La competitividad de la minería no depende de rebajar exigencias regulatorias; depende de que Chile y Argentina sean capaces de coordinar la aplicación de las normas que ya existen, manteniendo los más altos estándares de sustentabilidad y protección ambiental. Porque integrar es lograr que las instituciones actúen de manera coordinada y eficiente.