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Sebastián Sagner, abogado de Claussen & Velasco.

Litio: el mercado volvió, la ley todavía no

Entre enero y octubre de 2026, Chile exportó US$ 5.171 millones en litio, un 165% más que en el mismo período de 2025. Su peso dentro de las exportaciones mineras pasó de 3,7% a 7,9%.

Tras 2 años de precios deprimidos, el carbonato de litio volvió a cotizarse cerca de US$ 19.500 la tonelada en agosto, más del doble del promedio del año pasado.

Las cifras invitan al optimismo, pero conviene leerlas con cuidado. Gran parte del salto se explica por el precio y no por una expansión productiva.

Además, sigue dependiendo de 2 operadores en un solo salar: SQM, hoy asociada con Codelco, y Albemarle, ambas en el Salar de Atacama. Ganar más por lo mismo no es una política industrial, sino que es una buena racha.

En este sentido, el principal obstáculo del litio chileno ya no es el mercado ni la geología, sino el sistema jurídico sobre el que se pretende desarrollar la industria.

Un régimen construido en base de contratos y decretos

El litio sigue siendo una sustancia no concesible, reservada al Estado. A ello se suma su calidad de material de interés nuclear (según lo dispuesto en la Ley 16.319), que mantiene a la Comisión Chilena de Energía Nuclear como llave de paso para su comercialización y exportación.

Para explotarlo, un privado necesita un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), que el Ejecutivo otorga por decreto y que debe pasar el control de legalidad de la Contraloría.

El resultado está a la vista. La Contraloría devolvió cinco CEOL al Ministerio de Minería. A mediados de octubre, tres habían sido reingresados y dos seguían en preparación.

Mientras tanto, el Gobierno anuncia licitaciones para cinco nuevos proyectos a inicios de 2027, con la meta de pasar de unas 300.000 a 700.000 toneladas de carbonato en un plazo de 5 a 10 años.

El entusiasmo es comprensible, pero la meta descansa sobre un procedimiento que ya mostró ser lento y vulnerable. Si cinco contratos tramitados por el propio Estado vuelven observados, cuesta imaginar que el sistema absorba sin tropiezos una segunda oleada.

La Estrategia sobrevivió, pero sin ley

La Estrategia Nacional del Litio de 2023 fue una política de gobierno, no una ley. El actual Gobierno cambió el tono, privilegiando que los privados lideren la inversión, pero mantuvo su estructura.

Esa continuidad es una buena noticia para la certeza de quienes ya invirtieron. Pero también revela el problema de fondo: todo el modelo depende de la voluntad del Ejecutivo de turno. La renuncia de Máximo Pacheco al directorio de NovaAndino en mayo, denunciando presiones “puramente partidistas”, recordó que una empresa público-privada estratégica puede quedar en medio de la disputa política.

Ningún inversionista serio compromete miles de millones de dólares a 30 años sobre la base de una estrategia que puede reinterpretarse cada 4. Lo que falta es una ley del litio que defina con claridad el rol del Estado, las reglas para asignar salares, los plazos de tramitación de los CEOL y el destino de las rentas. Da lo mismo si esa ley es más estatista o más liberal: lo que no puede seguir es la ausencia de ley.

El agua: la regulación que nadie ha escrito

El segundo vacío es hídrico. Chile resolvió que las nuevas operaciones deberán usar extracción directa de litio (DLE), que recupera más del 90% del mineral y evita las piscinas de evaporación. Sin embargo, una revisión de 57 estudios citada en el reciente simposio DLE de Santiago encontró que en una cuarta parte de los casos el consumo de agua dulce era muy superior al del método tradicional, a veces más de diez veces.

En otras palabras, hemos impuesto una tecnología sin fijar estándares sobre cuánta agua puede usar, cómo se reinyecta la salmuera ni cómo se mide el impacto en salares que ya se hunden hasta 2 centímetros al año.

Esa omisión no es neutra: es la materia prima de los futuros recursos de protección, reclamaciones ambientales y procesos sancionatorios. NovaAndino, de hecho, ya heredó procesos ante la Superintendencia del Medio Ambiente, multas de la DGA y una denuncia penal ambiental. La judicialización no es un accidente del sistema, sino su consecuencia previsible.

Qué debería venir

La ventana de precios altos no durará para siempre. En agosto, el carbonato ya estaba 12% por debajo del máximo que alcanzó en mayo. Si Chile quiere convertir esta racha en capacidad productiva real, necesita al menos dos cosas concretas.

1.- Una ley marco del litio que reemplace la lógica de decretos caso a caso por reglas generales y plazos exigibles.

2.- Una norma técnica sobre uso de agua y reinyección en proyectos DLE, antes de que los tribunales la escriban sentencia a sentencia.