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Chile

Viernes 04 de Octubre de 2013.- Si la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contra de los ejecutivos de las sociedades cascada sobre SQM -Julio Ponce, controlador, Aldo Motta y Patricio Contesse Fica, ejecutivos de las mismas, y Roberto Guzmán, cercano a Ponce- impactó al mercado, los detalles que se han hecho públicos sobre el “esquema estructurado” que habría ido en perjuicio de estas sociedades -detectado por el regulador- abrió una caja de pandora de proporciones.

Una situación que ha incomodado a los involucrados directos del caso y también al regulador, quien ayer expresó su molestia sobre la filtración de los detalles de la “operatoria” que habría “ideado y promovido” Ponce (ver página 6), considerando que ello podría obstaculizar este proceso.

Sin embargo, también ha servido para que los actores interesados en la materia, concentren de lleno su atención sobre este asunto, particularmente las AFP que aún no se han hecho parte de la investigación de la SVS, con excepción de AFP Habitat.

MÁS AFP INTERESADAS
Salvo Moneda y la AFP ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, ningún otro accionista minoritario ha podido acceder al expediente investigativo del regulador. Algunos han hecho los trámites respectivos para ello, como el accionista Roberto Lobos, quien se querelló en 2012 en contra de Ponce acusándolo de haber efectuado operaciones ficticias en la bolsa, pero se mantienen a la espera de la venia de la SVS, la que hoy resulta incierta considerando la negación de Fernando Coloma al Ministerio Público para que éste también se haga del documento (pág.6).

No obstante, a la luz de los hechos, el escenario sería distinto durante los próximos días. “AFP Capital se encuentra evaluando acciones, que serán informadas en  el momento”, comunicó ayer la administradora del grupo colombiano Sura. Es que tras conocerse el detalle del “esquema” que presume la SVS (ver página 9) que habría afectado a la cascada y, por ende, a sus accionistas, son varias las AFP que se harían parte del proceso que lleva adelante el regulador durante los próximos días.

Un documento que resulta imprescindible para ejercer una eventual acción judicial en contra de los ejecutivos de la cascada, un paso que, sin embargo, será materia de un profundo análisis. “Previo a llevar cualquier asunto a tribunales, hay que estudiarlo muy a fondo. Es un tema muy delicado. Hay un proceso en curso, la SVS no ha dictado una resolución sancionatoria. Y actuar desmesuradamente puede provocar una mayor incertidumbre en el mercado e, incluso, perjudicar los fondos administrados”, explican desde la industria previsional.

Sin embargo, en caso de que las administradoras tomen la decisión de recurrir a la justicia, sí existen definiciones. En el entorno de las AFP barajan que, ya sea individual o conjuntamente, no se sumarán a las querellas que ya están sobre la mesa con respecto a este asunto. La misión y función de velar por los intereses de sus afiliados, ha hecho que las administradoras ya hayan decidido, al menos, que no irán con “nadie que no comparta 100% nuestros intereses”.

Lo anterior, por consiguiente, haría que las administradoras no recurran a tribunales en conjunto con Moneda, administradora de fondos que ha liderado las críticas en contra de Ponce y el manejo en la cascada.

En cuanto a la entidad financiera, presidida por Pablo Echeverría, ésta fue la primera en hacerse parte interesada. En menos de 48 horas, una vez conocida la formulación, Moneda accedió al expediente del regulador, sin embargo pese a ser el primer actor en dar este paso, siguen analizando el documento. Se estima que durante este mes debería haber definiciones con respecto a los pasos a seguir, y el escenario está completamente abierto, pues podrían efectuarse acciones judiciales, tanto en el ámbito criminal como civil.

Algo que ya se barajaba desde hace meses. “Para los accionistas minoritarios, ejercer sus derechos, como por ejemplo, estudiar si proceden o no demandas, es imposible si no tenemos toda la información”, dijo en junio Pedro Pablo Gutiérrez, abogado de Moneda, cuando los directorios de las sociedades cascada les negaron antecedentes sobre distintas operaciones financieras y crediticias de estas compañías, luego de celebrarse una junta extraordinaria de accionistas pedida tanto por la administradora como Consorcio y las AFP.

¿QUÉ PASA EN LA CASCADA?
Los abogados de Ponce, representado por el estudio Vergara & Labarca, en lo que concierne a la formulación de la SVS, tiene hasta el 10 de octubre para presentar sus descargos al regulador.

Si bien, hace casi un mes que estudian la documentación del fiscalizador de valores, han efectuado algunas diligencias para tener más holgura.

Una de las últimas tuvo que ver con un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones, el cual fue considerado esta semana como inadmisible, debido a que los antecedentes de la presentación no habría sido materia de una acción de protección, explicó el organismo judicial. En el entorno de la cascada explicaron sobre este asunto que el recurso denunciaba un presunto  carácter “discriminatorio” del regulador, luego de que éste formulara cargos en un proceso que sigue en curso.

Sin embargo, pese a este tropiezo en la estrategia de la defensa de Ponce, sus abogados no tienen las puertas cerradas para acogerse a una prórroga. “Cada cierto tiempo recibimos solicitudes y las analizamos en su propio mérito. Si hay antecedentes que nos hagan sentido que se requiere más tiempo, tendremos que analizarlo y actuar en consecuencia”, afirmó Coloma tras ser consultado al respecto.

Así, tras un período donde los representantes de Ponce llevaron a cabo una estrategia ofensiva en contra de los accionistas que recriminaban el actuar de la cascada, hoy la atención está concentrada en hacerle frente a los cargos formulados por el regulador.

Meses antes, el abogado Raimundo Labarca encabezó una serie de diligencias en contra de Moneda, Consorcio y las AFP. Se pidió a la SVS, por ejemplo, que se cite a declarar a José Antonio Guzmán, presidente de Habitat; a Pablo Echeverría, presidente de Moneda; a gerentes generales de las AFP y otros varios ejecutivos ligados a consorcio y Moneda, con el objeto de que el regulador investigue, en principio, una “campaña orquestada” que estos habrían llevado en contra de las sociedades y luego varias operaciones en los que éstos, a través de sociedades personales, se habrían beneficiado al operar acciones de la cascada.

Una estrategia que, con el actual escenario, está en segundo plano.

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