Patentes mineras: Comisión de Minería aborda efectos del proyecto en la pequeña minería

La instancia parlamentaria solicitó información sobre morosidad, remates y concentración de concesiones, en el marco de la discusión de un nuevo esquema de cobros.

Estudiar enmiendas que permitan apoyar específicamente a los pequeños y artesanales productores mineros ha sido la demanda que han realizado los integrantes de la Comisión de Minería y Energía, al Ejecutivo, en el marco de la tramitación del proyecto que simplifica el sistema de patentes mineras aplicable a las concesiones de exploración y explotación.

La propuesta en segundo trámite fue conocida por la senadora Yasna Provoste (presidenta) y los senadores Daniel Núñez, Juan Luis Castro, Renzo Trisotti y Miguel Ángel Calisto, el pasado 5 de agosto, ocasión en que recibieron al ministro de Minería, Daniel Mas. En tanto en la sesión del 12 de agosto, la instancia profundizó en sus contenidos junto al subsecretario de Minería, Álvaro González y el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Juan Carlos Sáez.

Por su parte, la doctora en Derecho de la Universidad de Los Andes y abogada en derecho minero, María Karina Guggiana y el asesor técnico de la Biblioteca del Congreso, Nicolás García hicieron uso de la palabra en la sesión del 17 de agosto, mientras que el miércoles 19 están convocados el académico y gerente de GEM Mining Consulting, Ignacio Guzmán; el exministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; el director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco, Iván Valenzuela; el académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la PUC, José Joaquín Jara; y el profesor del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, Emilio Castillo.

El mensaje elimina el cobro progresivo y requisitos burocráticos de parentesco o tipos societarios, fijando tasas claras de 0,1 UTM (productores que acrediten trabajo) y 0,4 UTM (productores que no acrediten trabajo) por hectárea.

En la actualidad rige la ley 21.420 de 2022, que reduce o elimina un conjunto de exenciones tributarias para financiar de forma permanente la Pensión Garantizada Universal (PGU). De acuerdo a ello, hoy la concesión de exploración establece un valor fijo de 3/50 de UTM por hectárea (equivalente a 0,06 UTM) para cada año de vigencia de la concesión; mientras que la concesión de explotación tiene varias opciones.

Si la pertenencia acredita trabajo paga 1/10 de UTM por hectárea (equivalente a 0,1 UTM). Para mantener esta tasa rebajada, el concesionario debe acreditar anualmente ante el Sernageomin el inicio de trabajos u obras. Si no se demuestra trabajo, se aplica un cobro progresivo que parte en 4/10 de UTM por hectárea (0,4 UTM) a 4,8 UTM. Quedan exceptuados de esta escala, los pequeños mineros que cumplan estrictamente los requisitos de amparo especial de hasta 500 hectáreas fijados.

En las sesiones, la y los senadores han hecho ver que la iniciativa no apoya lo suficiente a los pequeños mineros porque mantiene una carga financiera desproporcionada en comparación con su realidad productiva, y en particular, entrega beneficios por igual a la minería no reparando en su tamaño y consecuentes utilidades.

De hecho, en la última sesión se acordó que el Ejecutivo entregue una serie de antecedentes el miércoles 19 respecto al impacto fiscal neto de los cambios, cuántas concesiones quedarían en cada tramo, cuántos pequeños mineros están en mora por el alza de la patente, cuántos han visto rematadas sus pertenencias, quiénes terminan adjudicándoselas, y por qué se dice que hoy están concentrada la propiedad y hay más remates.

También se solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) un informe de legislación comparada acerca del pago de patentes mineras en Perú, Ecuador, Australia y Canadá.

De acuerdo a datos entregados por la Sonami, un 79% de las concesiones de la pequeña y mediana minería están en condición morosa, la pequeña minería es la que abandona las concesiones más grandes, los títulos morosos alcanzan las 178 hectáreas contra las 119 que están al día, la tasa de rechazo de rebaja de las concesiones ha ido creciendo alcanzado hoy un 49%, y se habrían perdido 24 mil hectáreas producto de la ley vigente.