Patentes mineras: más certezas para la pequeña y mediana minería

Por Álvaro González, subsecretario de Minería.

La publicación en el Diario Oficial de la Ley N°21.853 representa un avance tangible para miles de productores y para las comunidades que dependen de la minería. Esta iniciativa, primera de nuestro Gobierno en materia minera, busca reducir costos, simplificar trámites y entregar mayor certeza jurídica para el desarrollo responsable de la actividad, con foco especial en la pequeña y mediana minería.

Entre sus mejoras más relevantes destaca el fin del cobro progresivo de patentes, que en la práctica podía alcanzar hasta 12 UTM por hectárea. Al reemplazarse por una tarifa general fija de 0,4 UTM por hectárea para las concesiones de explotación sujetas a este régimen, se generan condiciones previsibles que permiten a los productores planificar inversión y operaciones con mayor certidumbre. Paralelamente, la ley amplía el acceso a patentes rebajadas de 0,1 UTM por hectárea: incorpora causales vinculadas a la exploración, elimina exigencias administrativas innecesarias y permite que arrendatarios y explotadores legítimos postulen al beneficio siempre que cumplan los requisitos legales.

Los beneficios para la pequeña minería son concretos y relevantes: se amplían las superficies que pueden acogerse al régimen especialísimo (de 50 a 100 hectáreas para mineros artesanales y de 100 a 150 para pequeños productores), se crea un régimen especial para productores de hasta 500 hectáreas empadronados en Enami, y se extiende la duración del beneficio en los casos establecidos de dos a cinco años. Además, se eliminan trabas administrativas, como la exigencia de acreditar servidumbres para acceder a ciertos beneficios. Estas modificaciones, cuya plena aplicación requerirá la actualización reglamentaria, significan más oportunidades y menos burocracia para quienes sostienen la actividad en el territorio.

La Ley Nº21.853 también incorpora medidas inmediatas de alivio: la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 del pago de las patentes correspondientes a 2026, la suspensión de remates asociados a concesiones y la condonación de recargos por mora para esas patentes, junto a la posibilidad de convenios de pago en hasta 12 cuotas. No se trata de eliminar obligaciones, sino de otorgar un tiempo y mecanismos reales para que los productores regularicen su situación sin poner en riesgo sus concesiones.

Para el Ministerio de Minería, estos ajustes no son un fin en sí mismos sino una herramienta para promover empleo, formalización y desarrollo local. La minería está profundamente ligada al tejido productivo regional: genera puestos de trabajo directos, sostiene una extensa red de proveedores y aporta al financiamiento de servicios y familias. Por eso, nuestro compromiso de Gobierno es claro: respaldar a la pequeña y mediana minería por medio de políticas que fomenten su competitividad, incentiven la inversión responsable y fortalezcan la formación técnica y la asociatividad.

Nuestro desafío es traducir estas medidas en más proyectos que impulsen el desarrollo regional. Con reglas más claras, menos trabas y un Estado que facilita la actividad, estamos sentando las bases para una minería que aporte al bienestar y al progreso de las familias chilenas.