Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, plantea que acelerar los permisos no será suficiente si no se establece una frontera clara, trazable y exigible respecto de las obligaciones que pueden incorporarse durante la evaluación ambiental.
El debate sobre la permisología en Chile se ha concentrado principalmente en los extensos tiempos de tramitación de los proyectos de inversión. Sin embargo, un análisis de GEM Mining Consulting advierte que reducir los plazos, por sí solo, no resolverá el problema si no se aborda también la creciente expansión del alcance de la evaluación ambiental.
Entre 2014 y 2024, el plazo total promedio para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aumentó de 547 a 995 días, equivalente a un incremento de 82%. En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), el plazo pasó de 248 a 380 días, un aumento de 53%.
Para Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, estas cifras justifican la urgencia de modernizar el sistema, pero no permiten identificar por sí solas las causas de las demoras. El tiempo total de tramitación incorpora revisión activa, suspensiones, respuestas del titular, participación ciudadana, consulta y otras etapas que deben analizarse de manera diferenciada.
El alcance detrás de los plazos
El análisis sostiene que uno de los problemas que requiere mayor atención es la posibilidad de que el objeto de la evaluación ambiental se amplíe progresivamente durante la tramitación, incorporando estudios, obras, monitoreos, pagos o compromisos cuya relación con los impactos directamente atribuibles al proyecto puede ser débil, duplicada o insuficientemente acreditada.
La evaluación ambiental, señala GEM, debe continuar cumpliendo plenamente su función de identificar impactos directos, indirectos y acumulativos; determinar su magnitud; proteger derechos; garantizar participación y consulta; y establecer medidas de mitigación, reparación o compensación.
El desafío está en asegurar que cada obligación incorporada en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) tenga competencia, fundamento, evidencia, proporcionalidad, adicionalidad y una forma clara de verificación.
Más obligaciones no necesariamente significan mejor regulación
Los antecedentes analizados muestran que la discusión trasciende ampliamente al sector minero.
Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) que revisó 3.728 Resoluciones de Calificación Ambiental, correspondientes al 96% de los proyectos aprobados y al 99% de la inversión sometida al SEIA entre 2015 y 2024, identificó más de 481.000 obligaciones.
Durante ese período, el promedio de obligaciones por RCA aumentó de 60 a 213, mientras que minería registró el mayor incremento sectorial, con un 337%.
GEM enfatiza, sin embargo, que estos datos no permiten concluir que una mayor cantidad de obligaciones sea necesariamente negativa. El punto central es determinar si cada exigencia responde efectivamente a un impacto atribuible al proyecto, si aporta un beneficio ambiental identificable y si evita duplicidades o requerimientos desproporcionados.
Ocho criterios para una reforma del SEIA
El análisis propone avanzar hacia una reforma que combine mayor velocidad con mayor disciplina de alcance, sobre la base de ocho líneas de acción:
- Definir expresamente el objeto de la evaluación ambiental.
- Establecer un test obligatorio de nexo para cada observación y exigencia.
- Fortalecer la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
- Preservar íntegramente la participación ciudadana y la consulta indígena, manteniendo en el Estado la responsabilidad de determinar qué materias corresponden al proceso ambiental.
- Separar las compensaciones ambientales de las necesidades generales de política territorial.
- Favorecer obligaciones de resultado por sobre prescripciones específicas, cuando técnicamente sea posible.
- Utilizar tecnología e inteligencia artificial como herramientas de apoyo para detectar duplicidades, vincular exigencias con normas y medir tiempos, sin sustituir el juicio técnico de la autoridad.
- Incorporar indicadores de calidad del proceso, además de los tiempos de aprobación.
Rapidez, pero con mejores decisiones
Para GEM Mining Consulting, una reforma efectiva de la permisología no implica debilitar la evaluación ambiental ni reducir los estándares de protección.
Por el contrario, establecer un nexo claro entre cada impacto y cada obligación permitiría contar con exigencias más legítimas, fiscalizables y efectivas, al mismo tiempo que reduciría incertidumbres y tiempos evitables para los proyectos.
El desafío alcanza no solo a la minería, sino también a sectores como energía, infraestructura, vivienda, industria y saneamiento.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a cuánto demora una aprobación, sino avanzar hacia una pregunta más profunda: qué debe resolver efectivamente la evaluación ambiental y qué materias deben ser abordadas mediante otros instrumentos de política pública.
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