Un estudio de Cesco muestra que el impuesto aplicado a la minería privada recaudó más de $1.600 mil millones en 2025. De ese total, cerca de $454 mil millones se canalizaron hacia regiones y comunas a través de los tres fondos creados por la ley. El informe propone ampliar la trazabilidad de los ingresos y fortalecer su contribución al desarrollo territorial.
La recaudación del royalty aplicada a la minería privada alcanzó más de $1.600 mil millones en 2025, un crecimiento de 11% respecto del año anterior. Sin embargo, poco más de uno de cada cuatro pesos recaudados se distribuyó entre regiones y comunas a través de los fondos territoriales establecidos en la ley.
Así lo concluye el estudio Royalty 2.0: entendiendo y analizando el nuevo royalty en Chile, elaborado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), que examina la recaudación, distribución y ejecución de los recursos durante los primeros años de funcionamiento del nuevo régimen.
El análisis se conoce en momentos en que el royalty vuelve al centro del debate público, luego de que el Gobierno completara en julio la tercera transferencia municipal de 2026. De acuerdo con la Subdere, con este último desembolso, los recursos entregados durante el año alcanzaron $169.901 millones, un 75% de los fondos a distribuir directamente en las comunas, y beneficiaron a 309 comunas, en medio de la discusión generada por la entrada y salida de municipios de la nómina de comunas mineras.
El nuevo royalty comenzó a regir en enero de 2024 y estableció una carga tributaria para las grandes empresas mineras, junto con tres mecanismos para distribuir parte de la recaudación en los territorios: el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), destinado a los gobiernos regionales; el Fondo de Equidad Territorial (FET), orientado principalmente a comunas con mayor dependencia de los ingresos municipales comunes; y el Fondo para Comunas Mineras (FCMI), creado para compensar a las zonas directamente vinculadas con la actividad extractiva.
En conjunto, estos tres fondos sumaron aproximadamente $454 mil millones en 2026. La cifra equivale a cerca de 28% de los montos recaudados durante el mismo año.
“El royalty ha significado una fuente relevante de nuevos recursos para las regiones y comunas. Sin embargo, el balance también muestra que poco más de una cuarta parte de lo recaudado tiene una distribución territorial claramente identificable a través de los fondos creados por la ley. La discusión que viene debe abordar cómo fortalecemos ese componente y cómo vinculamos una mayor proporción de estos ingresos con capacidades permanentes para los territorios y para el desarrollo de la propia minería”, señaló Cristián Cifuentes, líder senior de Estudios y Contenidos de Cesco.
El documento precisa que la ley establece que los montos de estos fondos son definidos en unidades tributarias, lo que se traduce en cierta estabilidad, porque las transferencias no disminuyen automáticamente si cae la recaudación, pero al mismo tiempo significa que tampoco aumentan en igual proporción cuando los ingresos del royalty crecen.
Como resultado, cerca de 72% de lo recaudado en 2025 quedó fuera de los tres fondos territoriales e ingresó a rentas generales de la nación, desde donde puede financiar distintas prioridades públicas a través de la Ley de Presupuestos.
El estudio aclara que esto no significa que los recursos dejen de utilizarse. El problema es que, una vez incorporados a rentas generales, ya no es posible distinguir con facilidad qué programas, inversiones o políticas públicas fueron financiados específicamente con los ingresos del royalty.
“El punto no es que esos recursos desaparezcan o no financien gasto público. Lo que ocurre es que se pierde la posibilidad de seguirlos de manera diferenciada. Una mayor trazabilidad permitiría saber con claridad qué se está financiando con la renta minera y evaluar si esos recursos están generando nuevas capacidades, inversión y desarrollo de largo plazo”, explicó Sebastián Díaz, analista de Estudios y Contenidos de Cesco y autor del informe.
Frente a esta brecha, Cesco propone avanzar hacia destinos permanentes, definidos y transparentes para una mayor proporción de la recaudación. Entre sus recomendaciones plantea destinar 10% a investigación, desarrollo e innovación minera, lo que habría representado más de $160 mil millones en 2025. También propone evaluar instrumentos para financiar exploración, información geocientífica pública, proveedores locales e infraestructura habilitante en las regiones mineras.
Una recaudación creciente, pero altamente concentrada
El estudio también muestra que el aumento de la recaudación no se distribuyó de manera uniforme entre las empresas. Tres faenas explicaron cerca de 91% de los ingresos en 2024 y aproximadamente 95% en 2025. Minera Escondida fue el principal contribuyente y elevó su aporte en casi 50%, compensando la disminución registrada en otras operaciones.
Para Cesco, esta alta concentración hace necesario contar con una plataforma pública que reúna la información sobre la recaudación por empresa y por componente tributario. Esto permitiría conocer de manera sencilla cuánto aporta cada operación, seguir la evolución de los ingresos y transparentar también los pagos realizados por la mediana minería y por productores de minerales distintos del cobre.
El análisis, elaborado a partir de la Ley de Royalty, las leyes de Presupuestos entre 2024 y 2026, los estados financieros de las empresas contribuyentes y los reportes municipales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), también identifica una tensión en la forma en que se distribuyen los fondos.
Aunque fueron creados para fortalecer la descentralización y compensar a los territorios, los criterios utilizados no responden exclusivamente a la presencia de actividad minera. También consideran factores como población, vulnerabilidad y dependencia del Fondo Común Municipal.
Por esta razón, la Región Metropolitana recibió en 2026 la mayor proporción conjunta de los tres fondos, con 15% del total, seguida por Valparaíso. No obstante, cuando se compara el aporte del royalty con el tamaño de los presupuestos municipales, su efecto es considerablemente mayor en las regiones mineras. En Atacama, por ejemplo, estos recursos equivalieron a 9,37% del presupuesto consolidado de sus municipios.
El Fondo para Comunas Mineras busca compensar de manera más directa a las zonas productoras, pero representa la menor proporción de los tres fondos. Además, como la nómina de beneficiarios se actualiza anualmente, la entrada o salida de una comuna puede generar variaciones significativas en sus ingresos.
Ese fue el caso de Pozo Almonte, que salió de la nómina en 2026. La decisión significó una disminución cercana a $770 millones y la pérdida de más de 60% de los recursos que recibía a través de los fondos del royalty.
Para evitar cambios tan abruptos, Cesco recomienda revisar la definición de comuna minera cada tres o cuatro años y crear un mecanismo complementario que permita incorporar nuevos territorios sin reducir automáticamente los recursos asignados a otros municipios.
El desafío de convertir los recursos en proyectos concretos
El estudio constató que todos los municipios reportaron haber recibido los fondos correspondientes a 2024 y 2025. También se observaron avances en su incorporación a los presupuestos locales: la asignación alcanzó 96% en 2024 y 92% en 2025.
La principal brecha aparece al momento de ejecutar esos recursos. Al 9 de julio de 2026, los municipios habían utilizado 66,44% de los fondos correspondientes a 2025 que ya contaban con asignación presupuestaria. En términos simples, cerca de un tercio de esos recursos todavía no se había traducido en gasto efectivo.
Las iniciativas de inversión —entre ellas obras civiles, consultorías y adquisición de equipamiento— concentraron la mayor parte del gasto informado. Sin embargo, el nivel de detalle entregado varía considerablemente entre municipios, lo que dificulta determinar qué proyectos se financiaron, cuál es su estado de avance y qué impacto están generando en las comunidades.
Cesco propone extender el seguimiento de los recursos durante dos o tres años, considerando que numerosas obras requieren más de un ejercicio presupuestario para completarse. Esto permitiría diferenciar entre retrasos propios de proyectos de mediano plazo y dificultades relacionadas con la capacidad técnica o administrativa de los municipios.
“Chile dio un paso importante al asegurar nuevos recursos para los territorios. La siguiente etapa debe ser más ambiciosa: aumentar la trazabilidad, fortalecer el componente territorial y convertir la renta minera en inversión, innovación y capacidades que permanezcan más allá de cada ciclo de precios”, concluyó Cifuentes.
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