«En lo fundamental, al establecerse una temporalidad de los permisos de uso del agua, asociada a una decisión administrativa, se genera incerteza para la toma de decisiones empresariales. En este sentido, no debemos olvidar que la minería es un rubro que demanda inversiones millonarias, en horizontes de tiempo de varias décadas, por lo que depender de la discrecionalidad de los permisos, en la práctica, es un desincentivo a la inversión y una amenaza a la viabilidad de las operaciones actuales», adelantó.

Agregó que «asimismo, este espacio de discreción representa un riesgo de injerencia y manipulación política asociada al otorgamiento o caducidad de los permisos que se pretende establecer».

Por último puntualizó que «es importante relevar que hoy la minería no usa más del 3% del agua a nivel país, siendo un rubro que, además, recircula hasta un 70% del agua usada en sus procesos y ha aumentado fuertemente el uso de agua de mar. En consecuencia, las limitaciones que se pretenden imponer no tienen relación con la realidad del sector.»