lunes 11 de agosto del 2025.- La comisión investigadora encargada de analizar las causas de los pasados cortes de energía eléctrica aprobó su informe de conclusiones.

El grupo parlamentario se abocó a reunir datos sobre las actuaciones del Gobierno relacionadas con la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica, entre los años 2024 y 2025. En específico, se indagó sobre las causas y medidas tomadas por diversos organismos y empresas, en el apagón ocurrido el 25 de febrero del año 2025. Este afectó a toda la zona conectada del Sistema Eléctrico Nacional desde la Región de Arica, en el norte, hasta la Región de Los Lagos, en el sur.

Como resultado de dicho corte de energía, más del 98% de la población del país permaneció sin electricidad por un periodo de entre siete y ocho horas.

El presidente de la instancia, Jorge Brito, dijo que los hechos son de alta gravedad. Por ende, acotó, deben existir compensaciones para las y los clientes afectados.

“Aquí no hubo un error del sistema, sino que todo se debió al actuar de dos operarios de la empresa Inter Chile; así como a la negligencia del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), que no cumplió con su rol de coordinación y vigilancia de las empresa eléctricas”.

En cuanto a las conclusiones, el informe señala que el apagón del 25 de febrero pasado “fue un evento crítico”. Sostiene que no fue el resultado de un hecho aislado ni tampoco una falla puntual. Afirma que se “originó en una acumulación de omisiones operativas, deficiencias estructurales y una cultura institucional de incumplimiento normativo”.

Sobre el corte de energía

El texto expone que la propagación del evento y su escalamiento hasta un blackout nacional se facilitó por las condiciones preexistentes del sistema. Por ejemplo, un número significativo de unidades generadoras se desconectaron automáticamente, a raíz de configuraciones deficientes en los sistemas de protección. Esto se produjo porque “no seguían los lineamientos de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio”.

En dichos casos, las configuraciones fueron modificadas por las empresas sin notificación o autorización previa del CEN.

Por otro lado, se evidenció un déficit de flujo de información durante el transcurso del evento. Particularmente, el Ministerio de Energía comunicó que el primer informe del CEN se remitió pasadas tres horas desde el inicio del evento.

Además, no se recibió información técnica detallada hasta el día siguiente de ocurrido el evento. Esto implicaría una vulneración del numeral 7.33 de la citada norma técnica. Ello impidió que se pudiesen tomar decisiones informadas en tiempo real.

Asimismo, quedó en evidencia una clara falta de coordinación efectiva entre los diversos actores del sistema eléctrico. A esto se suma una deficiente comunicación entre el CEN con las autoridades sectoriales.

Impactos

El informe indica que el apagón tuvo consecuencias particularmente graves para las personas en condición de electrodependencia. Conforme a los antecedentes entregados, más de 10.000 personas electrodependientes debidamente registradas a nivel nacional quedaron sin acceso a energía por lapsos prolongados. En algunos casos, incluso superaron las ocho horas de interrupción.

Este evento evidenció la fragilidad estructural de las redes de telecomunicaciones frente a eventos de interrupción eléctrica de gran escala.

Finalmente, se concluye que existe deficiencia en la fiscalización. Por tal motivo, se estima imperioso que el Gobierno otorgue suma urgencia a un proyecto de ley radicado actualmente en el Senado. El texto, en segundo trámite constitucional, otorga más facultades legales a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en materia de fiscalización. Junto a esto, la dota de los recursos técnicos y humanos suficientes para replicar sus esfuerzos en aras de evitar fallas en el sistema.