miércoles 10 de septiembre del 2025.- El Impuesto Territorial, más conocido como “contribuciones”, es un factor que muchas veces pasa inadvertido para las empresas mineras, pero que puede significar millones de pesos al año en costos asociados a sus terrenos e instalaciones.

Este tributo, que se calcula según el avalúo fiscal de cada propiedad, se paga en cuatro cuotas anuales (abril, junio, septiembre y noviembre) y no distingue entre grandes compañías o pequeños propietarios, ya que todos deben cumplirlo.

En minería, donde los proyectos abarcan extensos terrenos en distintas regiones, la planificación territorial y la correcta gestión de permisos marcan la diferencia. “Muchas empresas mineras pagan contribuciones o sobretasas superiores a las que realmente les corresponden, ya sea por información catastral desactualizada que mantiene el Servicio de Impuestos Internos (SII) o bien, porque no se ha solicitado por el particular, modificaciones que el SII no efectúa de oficio”, explica Alejandro San Martín, líder del área de planificación territorial de LandPro, consultora que desde 2012 asesora a compañías y particulares en gestión de permisos y optimización territorial.

Alejandro señala que una estrategia clave para reducir el impuesto territorial es revisar el avalúo fiscal y el cobro de sobretasas. Por ejemplo, clasificar correctamente un inmueble en relación a las sobretasas puede disminuir de forma significativa estos cobros. “Nuestro trabajo es detectar estas oportunidades, ejecutar los procesos administrativos y legales necesarios para que las empresas paguen solo lo que corresponde”, agrega.

Con un nuevo ciclo de reavalúo fiscal en el horizonte, contar con una asesoría experta se vuelve crucial para el sector minero. “En minería, cada hectárea cuenta. Una correcta gestión territorial no solo ahorra recursos, sino que también asegura que los proyectos avancen sin contratiempos legales ni administrativos”, concluye el ejecutivo.