miércoles 26 de noviembre del 2025.- El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), Rafael Palacios, y presidente ejecutivo de Consejo Minero, Joaquín Villarino, expusieron ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del proyecto de ley “Sobre el uso de agua de mar para desalinización”, que regulará el desarrollo, operación y concesión de plantas desaladoras en el país.

En la instancia, Rafael Palacios recordó que varias regiones en Chile enfrentan un déficit hídrico estructural que presiona los recursos continentales y amenaza tanto el abastecimiento de las comunidades como la competitividad de sectores claves para la economía. En ese contexto, la desalación y la reutilización de aguas residuales se han convertido en herramientas indispensables para asegurar un suministro permanente y sostenible.

“Valoramos esta iniciativa porque entrega al país una base normativa esencial para impulsar nuevas fuentes de agua sostenibles. Es una señal de institucionalidad frente a la crisis hídrica, aunque debemos perfeccionar algunos temas como la obligación de retirar infraestructura al término de la concesión. Chile no puede arriesgar su capacidad instalada en desalación, que es infraestructura crítica para asegurar el abastecimiento de agua en momentos de crisis como el que viven muchas regiones hoy”, dijo Palacios.

Visión con la que coincide Consejo Minero. Su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino destacó el compromiso del sector con un uso responsable y sostenible del recurso hídrico, subrayando que la desalación ha sido clave para contener la presión sobre las fuentes continentales, especialmente en zonas de alta demanda y estrés hídrico. Asimismo, recordó que la minería representa más del 80% de la capacidad de desalinización existente en Chile, por lo que contar con un marco regulatorio claro y eficiente es esencial para que el país pueda seguir avanzando en esta materia.

“Chile necesita una ley de desalinización moderna y funcional. Para lograrlo, es fundamental que el marco regulatorio garantice continuidad operativa, elimine duplicidades y dé certezas a largo plazo. La desalinización no es solo una alternativa: es una condición habilitante para seguir produciendo y reduciendo la presión sobre nuestras fuentes continentales”, señaló Villarino tras la sesión.

El líder gremial añadió que la desalación y el reúso han permitido que una proporción creciente de la producción minera opere, conteniendo la presión sobre fuentes de hídricas continentales en zonas de estrés hídrico. Gracias a inversiones de largo plazo en infraestructura de desalinización y transporte, el sector ha logrado garantizar su continuidad operacional, al mismo tiempo que contribuye a un uso más equilibrado y sostenible del recurso hídrico en los territorios donde opera.

“En la industria minera, el uso de agua de mar ha sido la herramienta más efectiva para contener la extracción desde fuentes continentales. Eso ya se refleja en el crecimiento de su utilización, que en la última década pasó de 1,7 a 7,8 metros cúbicos por segundo, un avance muy positivo y alineado con lo que el país necesita”, señaló Villarino.

Continuidad operacional: un resguardo indispensable

Desde Consejo Minero se expusieron observaciones técnicas al proyecto, destacando que el plazo de concesiones para las plantas desalinizadoras —30 años renovables una vez— es insuficiente para proyectos mineros con una vida útil mayor.

Por su parte, Palacios enfatizó que las plantas desaladoras se diseñan para operar durante más de seis décadas y cumplen un rol estratégico en el abastecimiento nacional: “Si hablamos de plantas que abastecen a la minería, a las ciudades y a cientos de comunidades, no es razonable que una norma pudiera obligar a retirar infraestructura que está funcionando. La continuidad operacional es esencial para garantizar el suministro en el largo plazo”, explicó.

Villarino también señaló el riesgo de una posible duplicidad de trámites en el procedimiento de concesiones, debido a que la superposición entre el análisis del ministerio competente y  la revisión de la Dirección General de Aguas, “podría derivar en procesos más extensos y un aumento de la incertidumbre para el desarrollo y operación de nuevas plantas desalinizadoras”.

Con todo, ambos gremios coincidieron en que el proyecto es necesario para el desarrollo del sector, y en la necesidad de perfeccionar estos aspectos del proyecto de ley para asegurar que la nueva regulación promueva la inversión, otorgue certezas y evite interrupciones en servicios esenciales para la minería, las comunidades y otros sectores productivos. Asimismo, reiteraron su disposición a aportar evidencia técnica y propuestas de mejora, con el fin de avanzar hacia un marco regulatorio moderno que permita acelerar soluciones concretas frente a la crisis hídrica.