martes 13 de enero del 2026.- Analizar el impacto que tendrá en la mediana y pequeña minería la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), así como del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), fue el objetivo de la última sesión de la Comisión de Medio Ambiente.

El estudio de este tema se contextualiza en el hecho que la Ley 21.600, que crea el citado servicio, entra en plena vigencia en febrero próximo.

La instancia recibió a representantes del sector, quienes plantearon sus inquietudes sobre los alcances que establece la nueva norma. En la sesión intervinieron Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Gremial Minera Antofagasta, junto a Patricio Gatica y Juan Carlos Urquidi, del Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G.

Particularmente, Juan Carlos Urquidi, asesor legal del Consejo, alertó que la ley puede tener “alcances desconocidos y alarmantes”. En su presentación, señaló que, tanto la norma como sus reglamentos facultan al Ministerio de Medio Ambiente y al SBAP para, “prácticamente, congelar e inmovilizar una superficie muy significativa del territorio nacional en base a criterios políticos”.

Según expuso, se sumarían los territorios protegidos por el SNAP y otros nuevos considerados como “prioritarios”, “áreas degradadas” y “restauración ecológica”, entre otros. De este modo, se podría intervenir la propiedad privada, incluso derogando derechos adquiridos por proteger la naturaleza, pero sin tener necesariamente evidencia técnica y científica.

Consecuencias del SBAP en la minería

El abogado agregó que este escenario implicará mayores costos de operación y transacción para todos los estamentos de la actividad minera. Incluso, sostuvo, afectaría a otras actividades productivas industriales, de la construcción, sanitarias, eléctricas, agrícolas, forestales y pesqueras, entre otras.

También planteó que la ley permite modificar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes. De este modo, se puede imponer a los titulares de proyectos y actividades requisitos adicionales de cumplimiento ambiental. Y, además, establecer “compensaciones adicionales” e implementación de planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales.

A la sesión se encontraba invitada la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, sin embargo, excusó su participación. Frente a este escenario, los diputados señalaron la necesidad de tener una respuesta por parte del Ejecutivo para identificar claramente si lo alertado por los invitados responde a falencias de la ley o de los reglamentos que la norma mandata.

De todas maneras, destacaron que durante la tramitación de la ley de SBAP se recibieron a múltiples organizaciones y ninguna alertó lo que se expuso durante la sesión. Cabe destacar que el Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G. se creó en octubre de 2025 como respuesta a las consecuencias de la norma.