Desde la organización señalaron que «Chile ha construido su desarrollo sobre la base de una tradición minera sólida, institucionalmente estable y técnicamente exigente. Hoy, en un escenario internacional marcado por la competencia estratégica por minerales críticos y la necesidad de crecimiento sostenido, el país requiere consolidar una Política de Estado en minería que trascienda ciclos políticos, otorgue certeza jurídica, fortalezca la competitividad y articule de manera moderna la colaboración público- privada. La minería no puede quedar sujeta a vaivenes coyunturales; debe proyectarse con visión de largo plazo, responsabilidad fiscal y compromiso territorial».

Propuesta para el período 2026–2030:

1. Seguridad jurídica, modernización institucional y permisología inteligente

La certeza regulatoria es condición esencial para la inversión minera de largo plazo. La fragmentación de competencias, la superposición de permisos y la creciente judicialización han afectado la previsibilidad del sistema.

Proponemos una modernización integral de la evaluación ambiental y de los permisos sectoriales, incorporando un modelo de permisología inteligente que contemple ventanilla única digital efectiva, tramitación paralela de autorizaciones, plazos administrativos exigibles y trazabilidad técnica obligatoria.

Asimismo, resulta prioritario modernizar y fortalecer las capacidades técnicas del Servicio Nacional de Geología y Minería, asegurando criterios uniformes, fiscalización rigurosa y decisiones fundadas en estándares objetivos. Debe dar confianza en sus auditorías de manera pragmática y ágil.

Un sistema exigente debe ser también claro, oportuno y ejecutable.

2. Competitividad y productividad sectorial

Chile compite globalmente por capital, tecnología y talento. Mantener liderazgo exige revisar integralmente el impacto acumulado de cargas regulatorias y tributarias sobre la inversión minera.

Se propone evaluar el efecto agregado del royalty y otros gravámenes sectoriales, promover incentivos a la reinversión y establecer una política activa de reposición de reservas. Sin exploración no hay sostenibilidad productiva futura.

Proponemos desarrollar un plan de exploración a nivel país, región por región, pueblo por pueblo a fin de conocer las riquezas que existen en cada región, y así poder priorizar las políticas públicas de desarrollo y crecimiento del sector.

La infraestructura habilitante  – desalación, transmisión eléctrica y capacidad portuaria – debe impulsarse mediante esquemas de asociación público-privada, con adecuada asignación de riesgos y estándares de eficiencia operacional.

Competitividad no es una consigna; es condición de viabilidad fiscal y social.

Se debe planificar los puertos con sentido país, lo mismo las plantas desaladoras.

3. Minería secundaria y economía circular

La valorización de relaves y pasivos ambientales representa una oportunidad estratégica para el país. Chile puede liderar en minería secundaria integrando innovación tecnológica, recuperación de minerales estratégicos y mejora ambiental.

Proponemos establecer un marco normativo específico que otorgue certeza regulatoria a proyectos de recuperación, incentive la I+D aplicada y facilite su financiamiento bajo estándares ambientales exigentes.

Transformar pasivos en activos productivos es una decisión estratégica de país.

La industria del reciclaje debe ser un motor de desarrollo del país.

4. Gobernanza territorial y licencia social efectiva

La estabilidad de las inversiones requiere institucionalizar la relación entre empresas, comunidades y Estado. La conflictividad prolongada debilita tanto al sector como al desarrollo regional.

Se propone implementar protocolos estandarizados de participación temprana, mecanismos de transparencia en acuerdos territoriales y esquemas de desarrollo local vinculados a productividad minera.

Bajo un modelo de gobernanza colaborativa, el Estado regula y fiscaliza; el sector privado invierte y ejecuta; los territorios participan con reglas claras y canales institucionales definidos.

La gobernanza territorial es una inversión en estabilidad.

5. Industrializar las riquezas minerales

Resulta importante tener una política publica destinadas a dar mayor valor agregado a todos nuestros concentrados, y que puedan instalarse fábricas de bienes y servicios con productos elaborados, así Chile aumenta su manufactura.

6. Pequeña y mediana minería: desarrollo productivo regional

La pequeña y mediana minería constituye tejido productivo regional, empleo formal y cohesión territorial. Su fortalecimiento requiere una política estructural y
no medidas aisladas.

Proponemos re clasificar a la pequeña minería de 5.000 tpm a 15.000 tpm debido a la caída de las leyes y así darle mayor fomento a la pequeña minería que debe ser un aporte adicional a la producción no solo de cobre y oro sino a todos los minerales susceptible de comercializar.

Revisar Aumento Pago de Patentes y Régimen Art. 142 ter del Código de Minería.

Es relevante modificar y disminuir la actual ley que aumento el pago de patentes en un 400 % sin fundamento técnico ni conocimiento del sector.

Complementariamente resulta necesario evaluar régimen art.142 ter, su implementación y corregir eventuales distorsiones que limiten el acceso equitativo a beneficios productivos y tributarios.

Ley Marco de Fomento Productivo Minero

Proponemos impulsar una ley que consolide instrumentos hoy dispersos y establezca un régimen sistemático de financiamiento, asistencia técnica, incentivos a la modernización tecnológica y promoción de asociatividad eficiente.

Ajuste del umbral de ingreso al SEIA

Se plantea elevar el umbral de 5.000 a 15.000 toneladas mensuales para determinados proyectos de menor impacto, incorporando criterios técnicos objetivos basados en riesgo ambiental y proporcionalidad regulatoria.

Financiamiento y formalización

Fortalecer y modernizar el rol de la Empresa Nacional de Minería en asistencia técnica, compra y financiamiento, complementado con instrumentos de crédito y garantías que faciliten la formalización y modernización productiva. Es indispensable su re estructuración de su gobierno corporativo que sea eminentemente técnico.

El desarrollo de este segmento amplía la base productiva y fortalece la estabilidad social regional.

7. Empresa nacional del litio: especialización y gobernanza moderna

El desarrollo del litio exige institucionalidad especializada, gobierno corporativo técnico y visión estratégica de largo plazo.

Proponemos la creación de una empresa nacional del litio con estándares internacionales de gobernanza, capaz de articular los avances existentes y estructurar asociaciones público-privadas competitivas. Esta institucionalidad permitiría que Codelco y Empresa Nacional de Minería concentren plenamente sus capacidades en sus respectivos mandatos estratégicos.

La especialización institucional es condición de eficiencia y credibilidad internacional.

8. Minería de Fondos Marinos y Astrominería

Proponemos desarrollar una política y reglamento de explotación racional de los fondos marinos con el fin de asegurar y garantizar la extracción sustentable o protegerlos de potencias extranjeras.

De igual modo proponemos una política de la minería espacial o llamada Astrominería, con el fin de fomentar y desarrollar científicamente esta actividad

Mensaje Final

En el documento, la gremial indica que «la minería es un pilar estructural del desarrollo nacional. Financia inversión social, dinamiza economías regionales y posiciona a Chile en la economía global. Su proyección no puede depender de contingencias políticas ni de ajustes parciales».

La Cámara Minera de Chile «reafirma su disposición a colaborar activamente con el Ejecutivo, el Congreso y los actores territoriales en la construcción de una Política de Estado para la Minería 2026–2030, basada en certeza jurídica, competitividad, gobernanza moderna y responsabilidad institucional. Somos un organismo consultivo de las autoridades del pais, Chile tiene tradición minera. Corresponde ahora consolidar una estrategia de largo plazo que transforme esa tradición en crecimiento sostenido, estabilidad fiscal y desarrollo territorial efectivo. La oportunidad es clara. La decisión es estratégica».