Chile
La entidad fiscalizadora presentó durante la semana denuncias ante el Ministerio Público y Contraloría General de la República por la presunta adulteración de instrumentos públicos de seguridad.

Tras una planificación estratégica en la Dirección Regional de O’Higgins, la autoridad nacional notificó a la alta gerencia de la División el inicio de la toma de datos en el sector Colón Alto. El despliegue buscó verificar de manera directa el estado de las galerías y los sistemas de monitoreo geomecánico, contrastando la realidad técnica con los informes consignados en los formularios E- 300 por la empresa.
Al respecto, Lorca, destacó la relevancia del operativo. “Estamos en Colón marcando el punto inicial de un proceso de fiscalización continua y exhaustiva, ejecutando un peritaje técnico independiente e inobjetable. Nos hemos desplegado con 15 fiscalizadores para determinar de manera fehaciente cualquier desviación respecto a los permisos otorgados por nuestro servicio. Nuestro objetivo es obtener certeza técnica sobre lo que ocurre en la faena para garantizar por, sobre todo, la vida de las personas y reconstruir la trazabilidad de la seguridad que fue comprometida por el ocultamiento de datos”.
Asimismo, la autoridad fue enfática en señalar que la seguridad minera no admite interpretaciones. “Nuestra presencia hoy busca validar cada dato que fue sustraído del control de la autoridad, pues la seguridad y la fe pública no pueden ni deben depender de información alterada, concluyó Lorca.
Cabe recordar que, ante la gravedad de los antecedentes, Sernageomin ya interpuso denuncias formales ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estas acciones legales buscan determinar responsabilidades penales y administrativas derivadas del quiebre de los protocolos de reporte de seguridad minera y el uso malicioso de instrumentos de reporte oficial tras el estallido de roca de 2023.
Los hallazgos recolectados durante esta inspección serán antecedentes críticos para la Mesa de Trabajo Técnica que sesionará el próximo lunes 23 de febrero. Dicha instancia se mantendrá vigente hasta el total esclarecimiento de los hechos y la plena restitución de la soberanía técnica que la ley exige a la industria minera.
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