martes 03 de junio del 2025.- Frente a la Comisión de Minería y Energía del Senado, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.) expuso una evaluación técnica del proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, reforzando su compromiso con una política pública socialmente justa y regulatoriamente eficiente.

La sesión contó con la participación del ministro de Energía, Diego Pardow, junto a los senadores Rafael Prohens —presidente de la comisión—, Juan Luis Castro, Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea, quienes recibieron los antecedentes presentados por Acera respecto a la viabilidad fiscal del subsidio sin afectar el buen funcionamiento del mercado eléctrico.

Durante la exposición, se presentaron los resultados del estudio encargado a la Consultora Vinken —asociada al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile— el cual demuestra que los recursos fiscales actualmente disponibles permitirían financiar el subsidio eléctrico para hasta 2 millones de hogares entre 2025 y 2027, sin necesidad de introducir mecanismos que distorsionen el mercado eléctrico. Este cálculo incluye el uso del mayor IVA recaudado, los fondos ya comprometidos por la Ley N°21.667 y las multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), descontando los montos ya utilizados para la implementación del subsidio en 2024 y el primer semestre de 2025.

Además, se estiman excedentes por más de 58 mil millones de pesos, lo que permitiría extender el beneficio a grupos que han sido incorporados en la discusión legislativa, como Sistemas de Agua Potable Rural (APR), personas electrodependientes y pequeñas y medianas empresas, mediante mecanismos de subsidio directo.

“La evidencia técnica demuestra que es posible avanzar en una política de protección para los hogares más vulnerables y ampliar su alcance sin comprometer las señales de inversión ni encarecer el costo futuro de la electricidad”, sostuvo Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera. “Cualquier medida que implique distorsión regulatoria, como las que históricamente ha representado el PEC, impacta directamente en la percepción de riesgo del sector, elevando los costos de financiamiento y, en última instancia, afectando al consumidor final”.

Acera recalcó que este proyecto de ley es tan relevante como aquellos que buscan acelerar la inversión en generación, transmisión, almacenamiento y reconversión, ya que ambos deben ser coherentes para alcanzar una transición energética justa, sostenible y económicamente responsable.