miércoles 03 de junio del 2020.- Mientras el norte de Chile históricamente ha vivido con el desafío de desarrollarse en un medio con limitada disponibilidad de agua continental, en la zona centro y sur del país, en general, ha existido suficiente agua. Lo anterior, se traduce en que en la zona norte se observe una mayor conciencia respecto del uso del recurso, mayor gestión de los distintos actores y también hace años la implementación de más tecnología asociada al suministro de nuevas fuentes de agua tales como la desalinización.

Sin embargo, hace ya algunos años la zona central del país ha debido modificar ciertos hábitos asociados al uso del agua, debido principalmente a la sostenida baja en las precipitaciones de lluvia y nieve. De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Obras Públicas, son 19 los decretos de escasez hídrica vigentes al 30 de abril de 2020, abarcando 138 comunas de la zona centro sur, un área de 117 mil kilómetros cuadrados e impactando a una población rural de más de un millón de personas.

Ante los antecedentes que indican que esta situación no parece ser pasajera, el desafío es buscar una solución sostenible para el suministro de agua a esta población e industrias. De esta forma, asegurar que la población cuente con este recurso básico y, a la vez, evitar que grandes extensiones de cultivos se sigan secando o que industrias como la minería tengan que disminuir su producción.

En el análisis de las alternativas, cobran relevancia diversos factores tales como la confiabilidad, impactos en el medio ambiente, inversiones requeridas y plazos, pero no hay que dejar de lado cuáles realmente implican la incorporación de nuevas fuentes de agua al sistema.

Al respecto, la desalinización de agua de mar, que desde hace ya muchos años aporta al desarrollo del norte de Chile, aparece como la solución lógica. Esta tecnología proporciona no sólo un suministro de calidad, sino también la seguridad y sustentabilidad de un suministro no sujeto a variaciones en las precipitaciones u otras condiciones climáticas.

La implementación de este tipo de soluciones requiere de una adecuada coordinación entre el gobierno y las empresas. De esta forma, el gobierno puede proveer un marco regulatorio claro y estar disponible para avalar el consumo de poblaciones rurales y pequeños agricultores, mientras los privados pueden desarrollar e incluso financiar su implementación, liberando al gobierno en momentos en que los recursos son limitados y las necesidades crecientes.