Ante el esquema que apunta a cobrar un royalty de 3% a las ventas, junto con instalar un modelo progresivo en base al precio internacional del cobre (con una tasa marginal de 75%; con los actuales precios tasas efectivas del 22,7), el director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, sostuvo que «la carga que constituye este tributo es desproporcionada, inconstitucional y atenta a la seriedad que ha ofrecido este país para el desarrollo de actividades que ha beneficiado a todos. La minería es –por lejos– nuestra mayor actividad productiva, un gran generador de puestos de trabajo, así como el principal motor de encadenamientos productivos en todo Chile, no solo en las zonas donde operan las faenas mineras».

Hernández recordó que –según datos de Cochilco- el país cuenta con una cartera de proyectos para esta década equivalente a US$74.000 millones, la que se verá gravemente dañada con la moción recientemente aprobada por los diputados. «Nos enfrentamos a un escenario complejo, en el que habrá proveedores y contratistas locales que deberán cerrar o reducir drásticamente sus dotaciones, provocando desempleo y aumento de la pobreza», señaló.

Según información recopilada por el Consejo Minero, entre 2015 y 2019 la minería generó una actividad económica de US$140.000 millones. De esta cifra, el 84% permaneció en el país a través del pago a trabajadores y proveedores (60,6%), pago de impuesto a la renta y royalty (6%), e inversiones (17,4%).

Desde Aprimin evaluaron que la minería genera 234.000 puestos de trabajo directos, cifra que debe multiplicarse por tres al considerarse los empleos indirectos. En las regiones mineras el 40% del empleo local se relaciona con esta actividad y gracias a esta actividad hoy existen en Chile más de 6.000 empresas proveedoras, de las cuales más de 1.200 son activas en las propias regiones.

En tanto, el presidente de Aprimin, Philippe Hemmerdinger añadió que esta discusión del royalty se produce en un contexto económico de crisis, con una política muy dañada que ha facilitado el nacimiento de propuestas que no son sostenibles. «No debemos perder el foco, tenemos que encaminar una agenda social de reconstrucción post pandemia y eso lo conseguiremos con mejores empleos, más inversión en innovación e introduciendo tecnologías de punta, promoviendo la inversión minera y sus encadenamientos. Pedimos que prime la sensatez y seriedad que han caracterizado históricamente a nuestro país», advirtió.