La instancia deberá analizar los actos del Gobierno relativos a eventuales irregularidades cometidas por la compañía desde el 2014 a la fecha. Lo anterior, respecto de diversas actuaciones administrativas y comerciales que han generado conflictos laborales, altos niveles de gasto en asesorías, denuncias de corrupción y otras consecuencias.

Asimismo, se analizará el cumplimiento de varios dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, desde el 2016 en adelante. Ello, frente a eventuales irregularidades en las inversiones, realizadas entre 2014 y 2018. Además, se evaluará su efecto en el estado financiero de la empresa estatal.

La comisión deberá evacuar su informe en un plazo no superior a 90 días. Para el cumplimiento de su cometido, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.