Se trata de un cobro que cambia la lógica de la actual tributación minera, que grava la utilidad operacional, para pasar a cobrarse directamente sobre las ventas de las empresas del sector. Además, no deroga el esquema vigente, por lo que ambos convivirían.

El proyecto establece una serie de reducciones en la tasa de impuestos, en caso que las mineras aumenten el nivel de procesamiento del cobre, hasta llegar a compensar el costo total de la refinación del mineral en el caso de cátodos de alta pureza. Además, una distribución de los fondos a recaudar, de los cuales el 25% de lo que se recaude destinaría a un fondo de convergencia regional que busca financiar desarrollos comunales en las zonas de explotación.

Además, plantea que del monto total recaudado por concepto de royalty, hasta un 3% será destinado a contribuir al financiamiento de proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e innovación ejecute en relación al desarrollo científico de investigación aplicada y capacitación de recurso humano avanzado; dando prioridad a la investigación y capacitación que tenga por finalidad aportar al conocimiento y tratamiento del Covid-19.

Ahora, el proyecto fue despachado a segundo trámite al Senado, donde se espera que avance su tramitación en el Congreso.

Críticas del Ejecutivo

Durante la sesión, donde estuvo presente el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, la autoridad criticó el alza de la carga impositiva que se cobra a las empresas de cobre, planteando que, en su visión, se trata de una discusión «sin equilibrio ni razonabilidad. Así los países no avanzan».

«La minería del cobre ha estado estancada por 15 años, y la razón es muy simple: Nuestro yacimientos han ido envejeciendo, las leyes han ido cayendo, y por lo tanto, nuestra minería tiene que trabajar el doble para conseguir los mismos resultados (…) Y lo único que hemos hecho es perder participación en los mercados», sentenció.