En la ocasión Cartagena se refirió a la Industria del Litio: Desafíos en Compliance y Riesgos, sobre lo que indicó que “las buenas perspectivas en los fundamentos del mercado hacen necesario abordar las oportunidades y riesgos del negocio en forma temprana. La presión global por acceder a estos recursos estratégicos puede incrementar los riesgos de corrupción y potenciales impactos en los ecosistemas y las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos extractivos”.

Agregó que las políticas públicas y normativas deben estar basadas en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la industria del litio de empresas y gobierno, además las inversiones (ciclo vida negocio minero) que la industria del litio necesita, requieren contar con un marco legal adecuado a fin de minimizar los riesgos.

Destacó que el 20 de abril 2023 se anunció la Estrategia Nacional del Litio, que tiene como propósito definir un camino de desarrollo para los próximos años, avanzando de manera sostenible. “La alta demanda mundial, los elevados precios y las grandes reservas que posee el país, permite ser optimista y actuar con sentido de urgencia. El mayor desarrollo de la industria nacional será liderado por el Estado, con el sector privado como socio estratégico, velando por altos estándares socioambientales, de trasparencia y de libre competencia. Su diseño contempla objetivos, definiciones estratégicas y un plan de implementación de hitos 2023-2024”, explicó Cartagena.

Sobre los posibles desafíos y riesgos de compliance en esta iniciativa, Patricio Cartagena alertó sobre Riesgos Geológicos/Mineros en salares, es decir, la baja información de hidrogeología y de Recursos y Reservas Mineras bajo estándar de la norma CH 20235 o normas de referencia internacional.

“En cuanto a los potenciales riesgos ambientales, estos se basan en el desconocimiento de la biodiversidad en salares, la necesidad de generar líneas base de hidrogeología, identificar los salares que serán protegidos bajo el estándar de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y los criterios de revisión en el SEIA.  En tanto, los riesgos productivos pasan por una mayor y nueva producción basada en nuevas tecnologías de extracción directa de salmueras y métodos de reinyección, captura de valor en productos manufacturados y encadenamientos”, dijo.

Finalmente se refirió a los riesgos sociales y territoriales que dependerán del alcance del involucramiento de las comunidades en diálogos y participación ciudadana, según los Convenios 169 y Escazú.

“Frente a la nueva normativa, las compañías y quienes se involucren en el negocio del litio, deben estar muy bien asesorados en la actualización del modelo de prevención de delitos y resguardar que cada uno de los pasos que den en las diversas etapas de desarrollo de los proyectos mineros se realice de acuerdo a los estándares que se han establecido en la Ley N°21.595”, concluyó el secretario general de la Cámara Minera de Chile.