El experto analizó el proceso constitucional que ha iniciado Chile, señalando que se trata de una oportunidad de revisar y actualizar la legislación minera nacional, la que ya tiene 40 años.

En ese sentido, resaltó la necesidad de mejorar el sistema de concesiones con el que actualmente cuenta, hacia uno tipo «úsalo o piérdelo» para darle sustentabilidad a la minería a través de más exploración.

Otto además, destacó la necesidad de contar con mayor transparencia sobre la contribución efectiva de los tributos mineros, destacando el valor de adherir a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) y además  evaluar la conveniencia de aumentar la tasa de tributación efectiva de la minería en Chile, no descartando un royalty ad valorem como complemento del Impuesto Específico de la Actividad Minera, y que la eventual mayor tributación, se destine a financiar medidas que aumenten la equidad intergeneracional.

Por último, realizó un llamado a no correr a cambiar lo que hay, sin antes evaluarlo rigurosamente.

La mirada de los expertos

La presentación realizada por James Otto dio paso a un panel de conversación que fue abierto por Pilar Hazbún, abogada y coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, quien centró su presentación en la importancia de la certeza jurídica y de un conjunto de normas y principios que han permitido la inversión extranjera, tales como  el régimen de amparo por patentes,  la protección del derecho de propiedad de los titulares sobre sus concesiones mineras y el otorgamiento de las concesiones vía judicial.

En tanto, Rodrigo Valdés entregó su diagnóstico sobre posibles cambios en materia minera en una nueva carta magna, señalando que muy probablemente estos no serían radicales, tomando en cuenta cómo se ha desarrollado la normativa minera a lo largo del tiempo en Chile.

Valdés también analizó la tramitación del proyecto de Royalty Minero que actualmente se tramita en el Congreso, señalando que es necesario construir un diagnóstico compartido y la necesidad de tener más transparencia en este tema, destacando la iniciativa del Consejo Minero con su plataforma tributaria, pero señalando que aún el Estado está al debe en esto.

Por su parte, Ben Jones, Managing Consultant en CRU, centró su presentación en ciertas consideraciones que hay que tener al hablar de reforma fiscal y medidas más amplias de participación en su contribución económica. Asimismo, destacó que Chile ha sido un pionero en orientar sus regímenes a la creación de incentivos a la inversión, y destacó la importancia de sensibilizar respecto al desempeño de los regímenes tributarios, los que se ven afectados por los vaivenes de precios.

Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, abordó la discusión respecto a cuánto se ha visto beneficiado el Estado por la actividad minera, Sanhueza coincidió con Valdés en cuanto a que no debería haber mayores modificaciones en materia minera en la nueva Constitución, pero sí se podrían esperar mayores regulaciones medioambientales.

Por último, Juan Ignacio Guzmán, académico y gerente general de GEM, Gestión y Economía Minera, y miembro de Cesco, subrayó la importancia de analizar la contribución de la minería en los últimos 20 años al país, no solo en recaudación fiscal sino en otras componentes de bienestar social. El experto analizó el efecto de los impuestos y royalties sobre las inversiones y competitividad en la minería.