La actividad se realizó en dependencias de Codelco y participaron por parte de la minera el presidente del directorio, Máximo Pacheco, su presidente ejecutivo, André Sougarret y el auditor general, Raúl Puerto; mientras que la UAF estuvo representada por su director, Carlos Pavez.

Como parte del convenio, se estableció que la compañía recibirá capacitaciones permanentes y mantendrá una comunicación directa con la UAF a fin de reportar operaciones sospechosas para su análisis y potencial derivación a la Justicia. También se explorará la implementación al interior de la Corporación de un sistema preventivo, con especial énfasis en delitos que puedan involucrar a las operaciones y funcionarios.

“Para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es fundamental establecer controles y procedimientos internos que permitan un manejo y mitigación efectivos de los riesgos a ambos delitos. De ahí la importancia de fortalecer las acciones dirigidas a mejorar su comprensión. Para ello resulta relevante continuar con nuestras actividades de capacitación en las modalidades e-learning y presencial”, señaló Carlos Pavez.

Cabe recordar que la UAF es la entidad encargada de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Al respecto, Pacheco destacó que “Codelco, en su objetivo de tener los más altos estándares de ética, que es lo que el país espera de la empresa más importante de Chile, da un nuevo paso para desarrollar lazos de cooperación con entidades públicas que nos permitan incrementar los controles y niveles de transparencia y probidad. Estos principios son esenciales para nuestra Corporación y su gente”, describió.

En tanto, Sougarret agregó que “para enfrentar este desafío, es necesario garantizar que en los distintos ámbitos de actuación de Codelco exista un honesto y leal desempeño por parte de sus directivos, ejecutivos, profesionales, trabajadores, contratistas y proveedores”.

Raúl Puerto sostuvo que el convenio complementará las exigentes normativas y regulaciones que la minera tiene establecidas en su Código de Conducta y en sus Políticas sobre Conflicto de Interés y de Ética Comercial, entre otras. “En dicho contexto, la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el marco de las operaciones comerciales que desarrolla es un objetivo relevante para la empresa, en orden a cautelar que aquellas puedan ser utilizadas o intervenidas para fines delictivos”, apuntó.