viernes 02 de diciembre del 2022.- El resguardo del principio de probidad, la condición de empresa del Estado y la naturaleza comercial de sus operaciones que desarrolla en un mercado competitivo, son la base del convenio de colaboración suscrito entre las entidades y formalizado por Jorge Bermúdez, contralor General de la República, y Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Bermúdez valoró la suscripción del convenio y destacó el esfuerzo de ambas instituciones para destrabar la causa judicial que se extiende desde 2017, cuando Codelco y la Contraloría buscaron delimitar qué control y régimen jurídico se puede aplicar a la empresa en su condición de estatal, pero que a la vez realiza actividades productivas con fin de generar ganancias.

«Esta es una buena noticia para Chile, porque gracias al diálogo y a la voluntad de buscar soluciones estamos poniendo fin a una disputa judicial y, lo más importante, estamos trabajando en conjunto para reforzar los estándares de probidad y transparencia en la empresa pública más importante del país», manifestó.

Entre los principales aspectos estipulados en el convenio de colaboración, el organismo contralor reconoce los avances significativos logrados por la compañía desde la dictación del Informe Final N°900 de 2016, respecto de sus mecanismos de contratación y las modificaciones en la normativa interna, lo que ha permitido fortalecer y elevar el estándar de probidad en sus distintos procesos.

«Estoy tremendamente orgulloso de la firma de este convenio que, sin duda, fortalece a Codelco y la relación de colaboración con la Contraloría. Esto nos permitirá seguir avanzando en probidad, transparencia e integridad, como lo ha estado haciendo la compañía y su gente en estos años», señaló Máximo Pacheco.

El convenio

En términos generales el convenio establece que Codelco se compromete a cumplir con una serie de requisitos para la suscripción de contratos con partes relacionadas, en casos calificados. Las exigencias incluyen la existencia de un evidente beneficio para la compañía.

Además, plantea que las operaciones se ajusten a las condiciones de equidad que habitualmente existen en el mercado; que la aprobación fundada del directorio explicite estos requisitos; y que los antecedentes de estas operaciones sean depositados en un repositorio que se creará para este fin.

El repositorio en el que se registrará esta información será electrónico y Cochilco y la CGR tendrán acceso expedito a él, a través de sus fiscalizadores especialmente mandatados al efecto, cuando ejerzan sus atribuciones conforme a la ley.

Por otra parte, la Contraloría colaborará con la minera en la verificación de las declaraciones de intereses, patrimonio y parentesco de sus directores y ejecutivos superiores, de modo que la empresa active las medidas correctivas pertinentes.