El informe de la comisión señala que la decisión del Gobierno en la materia implicó desechar la posibilidad de realizar una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional.

Se estimó que dicha omisión ha levantado cuestionamientos fundados respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento utilizado. Esto, especialmente por la falta de criterios técnicos y económicos transparentes que respalden la elección de la vía directa.

De igual modo, se lamenta que, hasta el momento, no se han divulgado informes comparativos, evaluaciones financieras ni estudios que respalden la decisión de negociar directamente con SQM.

Aquello, según el documento, refuerza la percepción de opacidad y falta de análisis técnico riguroso.

Se indica que el Estado debiese haber recibido al menos US$6.700 millones de forma inmediata. En cambio, al optar por una negociación directa, se acordaron utilidades sujetas a las ventas y al precio internacional del litio que, según estimaciones, se mantendría bajo, al menos, hasta 2030. Y, al no haber pago al contado, se considera que “este acuerdo representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales”.

Recomendaciones

En cuanto a recomendaciones y propuestas, se solicita dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.

Se señala que la ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión de contratos refuerzan la necesidad de revertir el acuerdo.

Además, plantea ampliar y revisar la consulta indígena, ya que lo realizado, hasta ahora, ha sido parcial y meramente formal.

Igualmente, se plantea la realización de una licitación internacional del contrato y aprovechar la “oportunidad de corrección”, considerando que el acuerdo aún requiere la aprobación de autoridades regulatorias chinas y el término del proceso de consulta indígena, después de lo cual Corfo debe aprobar el texto final de los contratos con los que se va a implementar el acuerdo.

Por último, se debe establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La ausencia de sanciones ha perpetuado la impunidad y la repetición de errores en la gestión de recursos estratégicos.