De esta forma se busca extender hasta 2036 la vida útil del yacimiento con una inversión de US$3.000 de dólares que permitirán incorporar una fase subterránea con la que se podrá alcanzar una producción de más de 150.000 toneladas diarias de cobre fino.

La instancia presidida por la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, contó con la presencia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; la ministra de salud, Ximena Aguilera; la ministra de Minería, Marcela Hernando; ministro de Energía, Diego Pardow, y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen.

Cabe recordar que el ministro de Economía, Nicolás Grau, decidió abstenerse tras formular una declaración la semana pasada sobre los posibles efectos que tendría la aprobación de este proyecto en las cifras de inversión de este año.

Tras estudiar los antecedentes técnicos y jurídicos, el Gobierno determinó aprobar el proyecto «con una serie de exigentes condiciones ambientales que elevarán los estándares en relación al resguardo de la salud de la población derivada de las emisiones atmosféricas, además de medidas que permiten un riguroso seguimiento y monitoreo del recurso hídrico, las especies protegidas de flora y fauna próximas al proyecto y glaciares circundantes».

De esta manera, el comité acogió las medidas propuestas por la empresa, entre ellos, reemplazo de calefactores de leña por eléctricos; recambio de buses a eléctricos; pavimentación de caminos locales; instalación de estaciones de monitoreo para realizar un seguimiento continuo del material particulado, entre otros.

Además, la instancia exigió y estableció una serie de condiciones respecto a las medidas de calidad de aire en torno a lo ya propuesto por la empresa, así como también a aquellas relacionadas a los glaciares, y a los componentes hídricos, de flora y de fauna.