Viernes 31 de mayo del 2019.- El Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, asistió a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados donde presentó las observaciones de la Asociación Gremial sobre el proyecto que busca reducir la duración máxima de la jornada de trabajo semanal desde 45 a 40 horas.

En primer lugar, el presidente Ejecutivo del CM presentó una caracterización del trabajo en minería, señalando que «la experiencia de la industria ha demostrado que es posible tener turnos equivalentes a jornadas de entre 40 y 45 horas semanales, acordados entre empleadores y trabajadores, con resultados en un trabajo seguro y bien remunerado». De esta afirmación se desprende que actualmente es posible consensuar entre las partes jornadas más cortas, sin necesidad de imponerlo por ley. Pero además indica que como fruto de esos acuerdos entre las partes de todos modos se obtienen jornadas de más de 40 horas, lo que significa que el proyecto de ley impondría un costo para la minería.

Durante su presentación realizó una comparación internacional de jornadas y nivel de ingreso de Chile. Si bien, dijo, es esperable que a medida que aumenta el nivel de ingresos de los países, estos decidan reducir sus jornadas de trabajo, hoy no estamos en condiciones de igualarnos al promedio de la OCDE.

«Si comparamos las horas de trabajo de Chile con países OCDE, claramente encontramos una disparidad. El promedio de países OCDE es de 1.737 horas anuales; mientras que el promedio Chile es de 1.990 horas anuales. Hay  una diferencia de  un 12,7%.  Sin embargo, esta comparación sería más precisa si la hiciéramos teniendo como base cuál era el PIB per cápita de los países OCDE  cuando tenían el PIB per cápita que tiene Chile hoy. En ese aspecto tenemos un resultado de: promedio de horas trabajadas OCDE: 1.859; promedio Chile: 1.990. Diferencia de un 6,6%».

Teniendo esto en consideración, Villarino explicó que, «reducir la jornada de 45 a 40 horas, como propone el proyecto de ley, significaría una rebaja de 11%, lo que no se condice con nuestro nivel de ingresos».

En cuanto a la  presunta relación entre las jornadas y la productividad laboral, Villarino declaró que  «en países con mayor productividad laboral la jornada tiende a ser menor, pero esto no significa, como sugiere el proyecto de ley, que una reducción de jornada desde las 45 horas semanales llevaría a un aumento de productividad». A su juicio, no existen bases ni evidencia para sostener dicha afirmación planteada en la iniciativa legislativa.

Sobre uno de los fundamentos del proyecto de ley, que postula que la reducción de la jornada laboral llevaría a un aumento de los salarios reales, Villarino dijo que «si bien una disminución de jornada de 45 a 40 horas sería equivalente a un aumento de 11% en el salario por hora, esto produciría efectos perjudiciales en un plazo más largo». Seguido de esto, añadió que «cuando las remuneraciones aumentan ‘por secretaría’, sin estar asociadas a productividad, el mayor costo laboral lleva a una menor contratación de trabajadores, tanto por el impacto financiero en las empresas, como debido a la sustitución de trabajadores por tecnología».

Junto con lo anterior, afirmó que «las reformas de pensiones y laboral del Ejecutivo ya contemplan un mayor costo laboral, pero al ser gradual o acordado entre empleadores y trabajadores podría ser absorbido por las empresas si la productividad aumenta en una magnitud similar, lo que no sucedería con la reducción de jornada del presente proyecto de ley».

Finalmente, Villarino hizo la recomendación de «no perseverar en esta iniciativa de reducir forzadamente la jornada semanal de 45 a 40 horas, sino poner los esfuerzos en el proyecto de modernización laboral del Ejecutivo que da más opciones de jornadas a ser acordadas entre empleadores y trabajadores».