lunes 10 de noviembre del 2025.- La tramitación de la nueva Ley de Patrimonio Cultural sigue encendiendo alertas entre los especialistas. Si bien existe consenso en torno a la necesidad de modernizar una normativa que data de 1970, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finis Terrae y Asesor Senior en Mackenna Cruzat, Cristóbal Aguilera, advierte que el texto en discusión “avanza en la dirección contraria a la eficiencia que se busca”.

Según el académico, el proyecto impulsado por el Ejecutivo “refuerza la burocracia al ampliar categorías, órganos y procedimientos”, generando un escenario de mayor densidad regulatoria y menor certeza jurídica. “El resultado es, paradójicamente, mayor densidad regulatoria, más puntos de veto y menor certeza jurídica. Sin duda, la modernización de la protección e institucionalidad del patrimonio es necesaria, pero el principal desafío consiste en evitar replicar los problemas de la denominada permisología”, afirma.

A su juicio, las indicaciones presentadas por el Gobierno no reflejan una lógica similar a la que introdujo la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. “La protección del interés general es, y debe ser, una prioridad de la Administración del Estado; sin embargo, la regulación propuesta lo hace de modo expansivo y sin umbrales claros”, añade.

Descoordinación con el SEIA

Uno de los puntos que más preocupa al abogado es la falta de coordinación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Es evidente que debe evitarse la existencia de circuitos paralelos de autorizaciones”, advierte. “En este sentido, sorprende que el proyecto no haga alusión alguna al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Lo que corresponde, por tanto, es hacer conversar –para simplificar y coordinar– las herramientas que el proyecto incorpora con las del SEIA, pensando siempre en su aplicación práctica”.

Incluso, plantea, “debieran explorarse propuestas, como ciertos sectores han planteado, orientadas a evitar, por ejemplo, que el procedimiento de protocolos indígenas pueda aplicarse respecto de proyectos que ya han sido objeto de una consulta indígena en el SEIA”. En definitiva, Aguilera señala que esto implica avanzar hacia la unificación de procesos y la emisión de pronunciamientos integrados.

Otro de los riesgos identificados por Aguilera está en la indefinición conceptual y ambigüedad de la ley: “El proyecto actualmente en discusión introduce nociones como paisajes e itinerarios culturales, sitios de significación cultural o conocimientos tradicionales colectivos, sin que existan criterios técnicos en la misma norma para poder delimitarlos”.

Consultado sobre los ajustes que permitirían hacer viable la reforma, Aguilera es claro: “Ante todo, acotar las categorías de protección a aquellas que tengan valor comprobado y criterios objetivos, definiendo estándares mínimos a fin de evitar la discrecionalidad de la Administración”. También plantea repensar la institucionalidad de manera que su composición refleje un equilibrio entre el interés general y el particular y que, al mismo tiempo, permita un funcionamiento diligente y ágil.

Siguiendo la lógica de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, sostiene que “debieran incorporarse instituciones relativas a plazos, silencio administrativo, control ex post y procedimientos simplificados”. Sólo así, concluye, “podrá compatibilizarse la protección del patrimonio con la iniciativa privada”.

Finalmente, Aguilera plantea un cambio de enfoque más profundo: “Quizá la clave está en abandonar la idea, curiosamente muy arraigada, de que proteger equivale a prohibir. Esa visión introduce una lógica de desconfianza, que lleva a concebir las autorizaciones, no como herramientas que habilitan la iniciativa particular, sino como mecanismos de disuasión”.