lunes 02 de junio del 2025.- Por décadas, Chile ha dependido de la generación a carbón para abastecer su sistema eléctrico. Hoy, sin embargo, se encuentra en un proceso de transformación estructural, impulsado por un compromiso ambicioso: alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Esta promesa, consagrada en la Ley Marco de Cambio Climático, ya no es solo un anhelo político. Desde agosto de 2023, cuenta con un plan formal: una hoja de ruta para descarbonizar por completo nuestra matriz energética.

El Plan de Descarbonización define metas claras —como llegar a un 80% de energías renovables al 2030— y se estructura en torno a cuatro ejes estratégicos: acelerar proyectos bajos en carbono, desarrollar infraestructura de transmisión, operar el sistema de forma segura y flexible, y fortalecer el mercado eléctrico de largo plazo. En el papel, el diseño es sólido. Pero como en toda transición profunda, el desafío no está en la declaración de principios, sino en la ejecución.

Hasta la fecha, 11 de las 28 centrales a carbón han sido cerradas desde 2018, lo que representa un 65% de avance respecto a la meta intermedia. Es un paso importante. Sin embargo, aún restan ocho unidades generadoras —equivalentes a 1.683 MW— sin fecha de desconexión. Este rezago inquieta, especialmente cuando sectores de la sociedad civil han demandado una descarbonización total antes del 2040. ¿La razón? Las comunidades afectadas por la contaminación no pueden esperar indefinidamente. La justicia ambiental también tiene un calendario.

Por otro lado, las energías renovables están ganando terreno. En 2024, representaron el 63% de la generación eléctrica, con un 40% proveniente de fuentes no convencionales. El dinamismo del sector es evidente: más de 10.000 MW están en distintas etapas de desarrollo. Aquí, la recientemente promulgada Ley de Transición Energética ha sido un catalizador, simplificando permisos, impulsando el almacenamiento y facilitando una mejor gestión de los vertimientos.

En paralelo, las emisiones del sistema eléctrico cayeron un 21% en 2023 respecto al año anterior, lo que permitió a Chile recibir un reconocimiento internacional por parte del Banco Mundial. Se trata de señales positivas que no deben pasarse por alto. El país no solo está avanzando, sino que lo está haciendo bajo estándares de verificación internacional.

Sin embargo, el progreso no es homogéneo. La expansión de las energías renovables trae consigo un nuevo desafío: la variabilidad. Sin una red de transmisión modernizada, mecanismos de flexibilidad robustos y mayor capacidad de almacenamiento, la estabilidad del sistema puede verse comprometida. En este contexto, la planificación de largo plazo y la inversión en infraestructura crítica son tan importantes como los megawatts que se inyectan.

El marco legal también ha evolucionado. Normas como el Reglamento de Compensaciones de Emisiones o las reformas a la Ley General de Servicios Eléctricos han modernizado la regulación. Pero aún queda camino por recorrer. El diseño de un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), con aplicación gradual desde 2025, será una prueba clave para establecer señales de precio claras y eficaces.

Mirando hacia adelante, la hoja de ruta es clara, pero la ejecución requerirá coherencia política, diálogo social y visión técnica. Si bien Chile ha avanzado con decisión, aún enfrenta el reto de construir una transición que no solo sea limpia, sino también justa. Porque el futuro energético no se mide solo en gigawatts renovables, sino también en bienestar para las personas y equidad territorial.

La oportunidad es única: convertir a Chile en un referente global en energías limpias no es solo una aspiración, es una posibilidad concreta. Pero para lograrlo, debemos acelerar el paso y cerrar las brechas pendientes. La carbono neutralidad no se logra con buenas intenciones: se alcanza con decisiones sostenidas en el tiempo.