«Nos interesa asegurar la certeza jurídica de las empresas que invierten en minería respecto de su propiedad minera, pero a su vez, estamos conscientes que existen algunas prácticas que no ayudan a incentivar la exploración y el desarrollo de proyectos mineros, como es el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad minera, en las cuales no se realizan trabajos de exploración y sólo es cautelado por el pago de una patente», sostuvo Sergio Jarpa, presidente de Voces Mineras A.G., al introducir el foro.

Sergio Hernández, socio de Voces Mineras, y director ejecutivo de Aprimin, destacó que la legislación minera ha sido clave para el desarrollo de la actividad en los últimos 40 años, pero presenta algunos problemas: «El de la inmovilidad de la propiedad minera, el de la cobertura muy amplia de todo el potencial minero en concesiones y la poca disponibilidad para nuevas, y que cualquiera pueda pedir la concesión, sea minero o no», indicó.

Los aspectos legales de las concesiones mineras fueron abordados por el abogado Sergio Gómez, magíster en Derecho de Minería, con una larga trayectoria en la materia, actualmente abogado de Andes Iron SpA, titular del Proyecto Minero Portuario Dominga. «La minería es la única actividad económica que está regulada en la Constitución, lo cual refleja la tremenda relevancia que ésta tiene para el Estado de Chile», planteó.

Respecto del proceso constitucional que se iniciará y el nuevo texto que podría resultar, sostuvo que en el punto que establece las obligaciones y limitaciones de los predios superficiales para facilitar la exploración, explotación y beneficio de las minas, habría que agregar una cuarta fase: el cierre de las faenas mineras. «Ello evitaría, cuando se llegue al proceso de cierre, volver a constituir nuevas servidumbres, puesto que las originales terminan con el cese de la actividad minera», comentó.

Otra modificación necesaria, dijo, es adecuar la regionalización a la que está circunscrita la jurisdicción de los tribunales chilenos, a las actividades en el mar, especialmente por el potencial que tendría la minería en el subsuelo marino.

En relación al alza de las patentes mineras, Sergio Gómez precisó que como éstas no constituyen tributo, no pueden incrementar las arcas fiscales, como algunos han planteado. Hoy la mitad de este pago se incorpora al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la otra mitad va a las comunas donde las concesiones mineras están localizadas. «La patente minera sí podría ser un instrumento teniendo un incremento progresivo cuando la concesión minera no sea explorada o explotada, para evitar la acumulación de concesiones, de manera que sea oneroso para el titular continuar con esa propiedad minera», expresó.

En el foro también participó como expositor el ingeniero, José Joaquín Jara, doctor en Geología Económica, profesor del Departamento de Ingeniería de Minería de la PUC y miembro del Directorio de Cesco. El académico describió el escenario de la exploración en Chile: el país tiene entre el 5% y 6% de participación en el presupuesto de exploración a nivel mundial; representa un 20% de los gastos de exploración en cobre; la actividad está muy concentrada en este mineral; existen pocos descubrimientos nuevos significativos, por lo que no se ven muchas operaciones nuevas a futuro; la gran mayoría de los gastos de exploración (80%) proviene de las compañías major y existe un sector junior subrepresentado.

Según Jara, la mayor oportunidad de mejora está en el uso efectivo de estos derechos, dado que hoy Chile sólo exige el pago de una patente anual para mantener la concesión, que actualmente asciende a US$1,5 por hectárea en el caso de la exploración, valor que se compara con los US$66/ha que se pagan en Perú y que conlleva la obligación de realizar trabajos, o los US$17/ha de Canadá, también asociado a un plan de trabajo.