El abogado Cristián Quinzio, jurista especializado en minería con amplia experiencia en temas de litio, y el especialista en Minería Verde, Víctor Pérez, director del consorcio que se adjudicó el Instituto de Tecnologías Limpias para el desarrollo de litio sustentable (entre otros objetivos), analizaron la estrategia anunciada recientemente por el Presidente de la República, Gabriel Boric (ver detalles de esta política al final de la nota).

Cristián Quinzio valoró que finalmente puedan conocerse los lineamientos del gobierno en esta materia y evaluó como un aspecto favorable que se creen alianzas público-privadas. “Me parece sumamente positivo que se llame a licitación abierta, informada, que permita una participación de actores de distintas partes del mundo y con diferentes capacidades de gestión para desarrollar los demás salares, primero con exploración y luego con explotación según los resultados”, planteó.

“Ahora hay que ver el aterrizaje de las distintas ideas, especialmente en lo que se refiere a la forma de estructurar las alianzas público-privadas y a la forma en que se desarrollaría una negociación para una especie de joint venture en el Salar de Atacama, con SQM primero y con Albemarle después. Qué va a significar, qué va a implicar, cómo el Estado va a participar efectivamente en el control mayoritario de una compañía que tenga esa explotación. Creo que eso está por verse”, puntualizó.

Respecto del control estatal, opinó que “la participación mayoritaria del Estado como dogma de fe, de un comienzo de una estructura, no es la más adecuada”. En ese sentido, enfatizó que el objetivo debiera ser maximizar la rentabilidad del litio para el Estado y que para eso existen distintas fórmulas. “La participación en el control, de ser mayoritaria, va a requerir aportes de capital para nuevos proyectos y no sé si el Estado hoy, Codelco en particular, está como para invertir en proyectos de litio. Tiene demasiados problemas propios con sus proyectos estructurales”, planteó Quinzio.

Asimismo, hizo notar que todavía hay temas por resolver: “Por ejemplo, se dice que se van a entregar CEOLs, además del ya entregado en Maricunga, a Enami y Codelco, en algunos salares que tienen algún grado de desarrollo. Me imagino que están hablando de Siete Salares, donde Enami ya está solicitando un CEOL y que supongo que se lo van a otorgar según lo dicho por el Presidente de la República, y Maricunga, que ya lo tiene Codelco. Lo importante es saber qué se va a hacer para asociarse con los demás actores que hay en el sector, porque en Maricunga no sólo está Codelco, también están Salar Blanco y Simco. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para asociarse en ese salar? Hay que analizarlo, presumo, bajo el prisma de alianza público-privada, sin tener de partida obligaciones en cuanto a control estatal”, manifestó.

Para Quinzio, éste es un guion que recién se está empezando a escribir. “Es el guion general, ahora faltan los guiones de los personajes”, indicó.

Estado partícipe, pero sin ser el operador

En tanto, Víctor Pérez destacó que la estrategia anunciada “ponga en relevancia el valor que existe en extender a largo plazo los contratos de explotación de litio en el Salar de Atacama y otros potenciales salares, de manera sostenible en el tiempo, y potenciando la oportunidad que da la explotación de manera significativa de este recurso en términos de generar mayor volumen de producción, mayor valor agregado y capacidades en nuestro país”.

Consultado por la propuesta de que Codelco lidere el esquema de desarrollo planteado por el gobierno, señaló que “es el instrumento que tiene el Estado para agilizar este proceso, implementar la política nacional en el corto plazo, mientras se comienza con la implementación de la Empresa Nacional del Litio como tal”. Al respecto, hizo ver que esta fórmula requiere que Codelco refuerce su equipo en línea con los objetivos que se persiguen “y que también se logren los acuerdos en las negociaciones que debieran ocurrir con los actuales y futuros stakehoders que participan o participarán en esta industria”, añadió.

En relación con el know how productivo que se requiere (una es la industria del cobre y otra la del litio), Pérez planteó que quienes van a operar serán actores que tengan experiencia en este ámbito. “El Estado, a través de Codelco, va a participar de esta operación y gestión, pero visualizo que quien debiera liderar la operación, independiente de la posición mayoritaria o minoritaria que se tenga –tema que se regula por pactos de accionistas al interior de estos joint ventures público-privados– debiera quedar en manos de agentes que tengan alta experiencia tanto en la explotación del litio como en las cadenas de valor agregado”, manifestó.

Según Pérez, existen esos modelos donde la parte que tiene un 49,9% opera la empresa, mientras el Estado tiene un 50,1% pero no maneja la operación y sí la controla. “Ese modelo es el que visualizo con la propuesta del Presidente para los temas estratégicos relacionados con el litio”, acotó.