«Valoramos que el Gobierno se haya abierto a realizar ajustes e, incluso, considerar un componente regional por medio de un fondo para este efecto y que ya veremos cómo se podría concretar. Pero claramente no es suficiente. El conjunto de la industria ya ha evaluado que las tasas efectivas se mantienen entre 48 y 49% como promedio. Esta es una cifra aún demasiado alta y que debe ser contrastada con el conjunto de los demás impuestos que paga la minería. Esto nos sigue dejando fuera de competencia frente a otros países mineros», manifestó Marko Razmilic, presidente de la AIA-Antofagasta.

«Se puede rediseñar el proyecto para hacerlo más sencillo. Pero se ha insistido en mantener las altísimas tasas efectivas, por lo tanto, no nos sentimos escuchados. Es más, hemos constatado que el nuevo proyecto del Gobierno es apenas 1 punto porcentual menor respecto de las indicaciones que ya conocimos en julio, y además superando en casi 12 puntos la tasa actual. Necesitamos sentido común, mantener la competitividad de nuestra minería y que el legislador comprenda que el valor local es lo más importante», expresó a su vez el presidente de Corproa-Atacama, Juan José Ronsecco.

«Hacemos un llamado a que en la discusión que viene por delante se considere nuestra realidad regional, cuyos ecosistemas productivos están articulados en torno a la minería. Necesitamos ser competitivos, pero no lo lograremos si con el proyecto que se ha presentado, seguimos superando en tasas efectivas unos 10 puntos porcentuales a Australia, Canadá y Perú, porque ellos serán más competitivos que Chile. Apelamos a que se corrija este error y se pueda acordar una fórmula más razonable que nos permita seguir teniendo un sector minero que aporte al crecimiento del país y las regiones», señaló el presidente de la AII-Tarapacá, Leopoldo Bailac.

«Los expertos en tributación minera y la propia industria han analizado que hay espacio para que la minería contribuya más. Pero para eso debe moderarse sustancialmente el proyecto que ha presentado el Gobierno y, al mismo tiempo, presentarse incentivos confiables y de largo plazo para atraer y asegurar la inversión minera. La nueva propuesta del Ejecutivo tiene un efecto contraproducente dado que podría terminar desincentivando decisiones de inversión más sustentables con el medio ambiente y su entorno», comentó Francisco Puga, presidente de Cidere-Coquimbo.

Los representantes de la Macrozona Norte aseveraron que lo que necesita el país, es aumentar su producción minera, generando así más ingresos para el Estado, más encadenamientos y más riqueza para el conjunto del país. Para que Chile mantenga su capacidad productiva debe concretar su cartera de inversiones, de US$69.000 millones en esta década.

«Reiteramos que la minería no es solo un rajo o una mina subterránea, es un clúster completo y profundo, un sistema de prósperos encadenamientos productivos.  En Chile, la minería representa más de la mitad de las exportaciones, un quinto del PIB, un quinto de las inversiones y un décimo de todo el empleo nacional. La minería nos permite pensar adecuadamente en el largo plazo. Sin duda, de la mano de ella podemos y debemos construir un mejor país», concluyeron los líderes de la Macrozona Norte.

De acuerdo con la nueva propuesta del Ejecutivo, ahora el proyecto de royalty eliminará la distinción entre empresas con producción sobre 200.000 toneladas para efecto del cobro ad valorem, así como dejará un tributo ad valorem plano de 1%. También se considerará una variable en que la tasa del componente sobre margen minero se determinará en función del mismo margen y no del precio del cobre, como se contemplaba en las indicaciones anteriores que fueron presentadas en julio.