Esta iniciativa, estimada en más de US$3.200 millones en la región de Tarapacá, representa uno de los proyectos mineros más relevantes del país y obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en diciembre de 2021.

La decisión judicial ordena retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental, paralizando un proceso técnico que ya había sido ratificado por el Comité de Ministros en agosto de 2023, lo cual introduce un complejo factor de incertidumbre para el desarrollo productivo nacional.

Jorge Riesco, presidente de Sonami, advirtió que este tipo de resoluciones “envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo. Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”.

El timonel agregó que el fallo del Segundo Tribunal Ambiental “reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización. Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”.

Cabe destacar que Collahuasi constituye un actor económico crítico para la Región de Tarapacá, generando más de 7.000 empleos directos e indirectos. Asimismo, su contribución económica total estimada alcanza aproximadamente US$4.731 millones, lo que equivale al 1,32?l PIB nacional y al 46,8?l PIB de la región.

Incertidumbre regulatoria en la cadena de proveedores de la minería

Desde la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), también manifestaron su preocupación ante el reciente fallo que afecta al proyecto de continuidad operacional de Collahuasi. “Esta decisión no solo golpea a una compañía, sino que pone en riesgo la estabilidad de todo el ecosistema de proveedores”, señalaron.

A través de un comunicado, desde la entidad agregaron que “vemos con inquietud cualquier situación que genere incertidumbre regulatoria en proyectos estratégicos para el país, especialmente cuando estos ya presentan un alto nivel de avance. Es fundamental comprender que este tipo de resoluciones tienen un impacto en cadena: no solo afectan al titular del proyecto, sino que golpean directamente a miles de trabajadores, empresas de servicios especializados y a una red de proveedores que planificamos nuestras inversiones y operaciones con horizontes de largo plazo”.

Asimismo, destacaron que en “Aprimin estamos convencidos de que la minería debe cumplir con los más altos estándares ambientales y una participación comunitaria efectiva; eso no está en discusión. Sin embargo, para que nosotros, los proveedores, podamos seguir invirtiendo, innovando y generando empleo, necesitamos reglas claras, plazos razonables y decisiones consistentes que nos entreguen certezas”.

Finalmente, reiteraron que “como país, no podemos permitirnos contraponer la sostenibilidad con la inversión. Nuestra postura es clara: Chile no debe elegir entre una u otra. Debemos ser capaces de asegurar ambas dimensiones con una institucionalidad moderna, predecible y eficiente, que valore y proteja el rol estratégico de los proveedores en el desarrollo nacional”.
cv