martes 10 de marzo del 2026.- Chile ha decidido —al menos en el discurso— que el hidrógeno verde, la desalación y la descarbonización industrial forman parte de su estrategia de desarrollo. En los últimos años se han presentado políticas nacionales ambiciosas, se han anunciado inversiones relevantes y se han impulsado reformas estructurales, como la Ley Marco de Permisos Sectoriales y la nueva regulación sobre desalación. El mensaje es claro: el país quiere acelerar.

Sin embargo, entre la estrategia y la ejecución existe una brecha que no es tecnológica ni financiera. Es administrativa.

La transición energética no depende únicamente de contar con buenos recursos solares o eólicos. Depende, sobre todo, de la capacidad del Estado de actuar de manera coherente entre ministerios. Coherente entre nivel central y regional. Especialmente, coherente entre lo que se declara política pública y lo que efectivamente se permite en el territorio.

En la práctica, muchos proyectos estratégicos se enfrentan a una fragmentación institucional que genera incertidumbre. Un servicio promueve la inversión; otro la condiciona bajo criterios distintos; un tercero aplica interpretaciones que responden a lógicas regulatorias diseñadas para otra época, para otra industria o tecnología. El resultado no siempre es el rechazo formal del proyecto, sino algo más complejo: dilación, reinterpretaciones sucesivas y una sensación permanente de inestabilidad normativa.

El próximo cambio de administración abre una oportunidad inmejorable para abordar este problema de fondo. Más allá de las diferencias programáticas, existe un punto de consenso transversal: Chile necesita inversión productiva sostenible, infraestructura moderna y desarrollo territorial equilibrado. Para que eso ocurra, la coherencia administrativa debe transformarse en política de Estado.

La Ley Marco de Permisos Sectoriales representa un paso relevante, pero su éxito dependerá de cómo se implemente y de si logrará realmente integrar criterios entre servicios. Lo mismo ocurre con la regulación de desalación, llamada a ser estructural para el centro – norte del país. No basta con dictar nuevas leyes; es imprescindible que los organismos públicos alineen sus interpretaciones con los objetivos estratégicos que el propio Estado declara.

La coherencia no implica debilitar estándares ambientales ni urbanísticos. Implica algo más básico: que el Estado actúe como un sistema y no como compartimentos estancos. Que los instrumentos territoriales dialoguen con las políticas sectoriales. Que las categorías jurídicas evolucionen cuando la tecnología evoluciona. Y que las decisiones no dependan de la etiqueta circunstancial que se asigne a un proyecto, sino de una visión integral del desarrollo.

Si se logra instalar esta lógica como principio rector —coordinación, previsibilidad y consistencia interpretativa— no solo dará una señal potente a los inversionistas. Dará una señal aún más importante al país: que la transición energética y el desarrollo sostenible no son consignas, sino compromisos institucionales capaces de trascender ciclos políticos.

Sin coherencia administrativa, la estrategia seguirá siendo relato. Con coherencia, puede transformarse en crecimiento, empleo y competitividad real para Chile.