martes 16 de diciembre del 2025.- En los últimos meses, la conversación sobre el futuro minero de Sudamérica ha estado marcada por una inquietud recurrente: ¿está Argentina creando las condiciones para desplazar a Chile en la carrera por el capital global del cobre? El RIGI, la simplificación regulatoria y la promesa de estabilidad por tres décadas han encendido alarmas y titulares. Sin embargo, cuando se mira el cuadro completo, lo que surge no es una disputa frontal entre vecinos, sino la posibilidad de transformar la Cordillera de los Andes en la plataforma minera integrada más relevante del hemisferio.

Es cierto que Argentina ha dado un paso que durante años parecía impensado. La garantía de horizontes tributarios y cambiarios estables por 30 años es un giro estructural. A esa promesa se suma una cartera mineral que ya no puede calificarse de potencial abstracto: al menos siete proyectos cupríferos de talla mundial y un estimado de 116 millones de toneladas de cobre fino aún subexplotadas. Frente a eso, es válido preguntar si Chile, Perú o incluso Canadá deberían percibir esto como un factor de preocupación o simplemente como un cambio que requiere mayor atención estratégica. La respuesta, al menos desde la evidencia, debiese ser más matizada. Si bien Argentina está acortando distancias, Chile sigue ofreciendo algo que en minería pesa muchas veces más que un incentivo puntual que es la estabilidad institucional, logística consolidada, proveedores experimentados y un grado importante de inversión. En una industria donde una mina vive tres décadas, esa estabilidad es una moneda que no se devalúa.

En este contexto, el error sería caer en la metáfora del juego de suma cero. Que parte de la inversión marginal, sobre todo en exploración greenfield, mire con más atención a San Juan, Salta o Jujuy no significa que esos recursos se “pierdan” para Chile. El país enfrenta hoy costos en ascenso, mayor complejidad en permisos y restricciones hídricas, por lo que es lógico que los inversionistas diversifiquen sus decisiones. Pero diversificar no es reemplazar. De hecho, la propia estructura de los proyectos binacionales en la frontera entre San Juan y las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso muestra una realidad distinta: si ambos países coordinaran marcos e instrumentos, tal como lo destacamos recientemente en el trabajo desarrollado con Fundar “Una cordillera compartida: oportunidades de integración minera Argentina-Chile en la transición energética”, la cordillera podría aportar más de un millón de toneladas adicionales de cobre al año, equivalente a la brecha de oferta proyectada hacia 2040. Esa cifra no surge de la competencia, sino de la complementariedad.

Incluso cuando el mineral se extrae del lado argentino, una parte significativa del valor agregado —servicios especializados, logística, puertos, ingeniería e incluso fundiciones— puede generarse en Chile. Es lo que ya empieza a ocurrir en proyectos como Filo del Sol, Josemaría o Los Helados/Lunahuasi, donde los encadenamientos productivos cruzan la frontera con naturalidad. La cordillera, lejos de ser un muro, es un sistema de vasos comunicantes.

Esta lógica también aparece cuando se examina qué pesa realmente en la toma de decisiones inversionales. Los incentivos fiscales ayudan, sí, pero no reemplazan lo esencial: estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y relaciones predecibles con comunidades. En ese plano, Chile importa más por su trayectoria que por cualquier reforma coyuntural. Mantener calificaciones soberanas en rango A/A2 y registros institucionales sólidos es un activo que los inversionistas conocen bien y valoran más de lo que reconocen públicamente. Argentina ha impulsado el RIGI para reforzar la estabilidad requerida por los proyectos estratégicos, complementando los avances que ya viene realizando en materia institucional. Y ese diseño, lejos de ser un desafío para Chile, puede convertirse en un complemento eficaz.

El mensaje es claro. Una cordillera integrada es más poderosa que una fragmentada. Pensar en términos de competencia entre Chile y Argentina es una mirada simplista, frente a la magnitud de la transición energética global. La verdadera oportunidad yace en asumir que ambos países tienen ventajas que, en conjunto, pueden convertirlos en un bloque minero estratégico.

Esto requiere actualizar los instrumentos de integración existentes, planificar infraestructura compartida hacia el Pacífico y desarrollar cadenas de proveedores que funcionen como un corredor andino de valor. Si la región avanza en esa dirección, el flujo de capital no se desplazará: se ampliará. El empleo no se redistribuirá, sino que crecerá. El riesgo no aumentará, se diluirá.

Al final, la pregunta no es si Argentina puede superar a Chile, sino si ambas naciones serán capaces de abandonar la lógica del espejo y pensar la minería como un proyecto común. Porque, en esta carrera global, el futuro del cobre no se define país contra país. Se define región contra región. Y en ese escenario, si Chile y Argentina actúan como socios y no como rivales, no compiten. Lideran.