martes 23 de septiembre del 2025.- El pasado 15 de septiembre, la Dirección General de Aguas (DGA) publicó en el Diario Oficial la solicitud a todas las organizaciones de usuarios para que informen, dentro de un plazo de 30 días hábiles, los derechos de aprovechamiento que no hayan sido utilizados entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Esta obligación, prevista en el Código de Aguas, puede parecer un procedimiento administrativo más. Sin embargo, para la industria minera encierra implicancias estratégicas, financieras y reputacionales de primer orden.

En términos prácticos, la información que entreguen las organizaciones de usuarios permitirá a la DGA confeccionar el listado de derechos sujetos al pago de patente por no uso. Para las compañías mineras, cuyos proyectos suelen involucrar múltiples fuentes y volúmenes significativos de agua, estas patentes pueden traducirse en costos millonarios si no se gestiona con precisión el portafolio hídrico. El mensaje es claro: un derecho de agua que no se utiliza deja de ser un activo y se transforma en un pasivo financiero.

A ello se suma un segundo factor: la seguridad jurídica. La normativa exige que los registros de comuneros se mantengan actualizados y reflejen fielmente la situación de los derechos, lo que solo ocurre si las mutaciones de dominio han sido inscritas en el Conservador de Bienes Raíces. La omisión o retraso en estas inscripciones no solo acarrea multas de hasta 2.000 UTM, sino que también puede poner en entredicho la certeza sobre la titularidad y el ejercicio de derechos fundamentales para la continuidad operacional de faenas mineras.

El impacto no es únicamente legal o económico. El agua se ha convertido en un eje central de las evaluaciones ambientales, las exigencias comunitarias y los estándares ESG que pesan sobre la minería chilena. En este contexto, la trazabilidad en la gestión del recurso no es solo una obligación regulatoria, sino una condición para sostener la licencia social para operar. Cada vez más, inversionistas y stakeholders analizan cómo la industria maneja este recurso escaso y estratégico, y el incumplimiento de obligaciones como la actual puede erosionar la confianza en la gestión hídrica de una compañía.

Ante este escenario, la respuesta no puede ser meramente reactiva. La minería debe entender este proceso como una oportunidad para fortalecer su gobernanza del agua. Ello implica, entre otras acciones, coordinarse activamente con las organizaciones de usuarios, revisar la coherencia entre registros internos y públicos, y anticipar los costos asociados al no uso de derechos. Más allá de cumplir con la exigencia puntual de la DGA, se trata de dar un salto hacia una gestión hídrica integrada, donde los derechos de agua se conciban como parte esencial de la estrategia de largo plazo.

En definitiva, el inicio del plazo para informar derechos de agua no utilizados nos recuerda que el agua, más que un insumo, es un factor crítico de competitividad para la minería chilena. Cumplir de manera oportuna, veraz y completa no solo evita sanciones: permite reforzar la certeza jurídica, optimizar los recursos y proyectar una imagen de responsabilidad frente a autoridades, comunidades e inversionistas. En un entorno donde cada gota cuenta, la gestión estratégica de los derechos de agua puede marcar la diferencia entre enfrentar nuevos riesgos o consolidar un camino de sostenibilidad y confianza.